El juez Lijo ordenó medidas de prueba por los créditos del Banco Nación a funcionarios
La Justicia investiga posibles beneficios indebidos en préstamos hipotecarios otorgados a empleados públicos y legisladores. También se pidió una auditoría a la AGN. Entre los apuntados se encuentra el legislador y referente en Mar del Plata de LLA, Alejandro Carrancio.
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El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba en la causa que investiga el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos. La decisión se dio tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó la investigación a partir de diversas denuncias.
El juez Lijo pidió al Banco Nación que remita la “documentación física y digital completa relativa tanto a los legajos de cliente como a las carpetas correspondientes a los créditos hipotecarios otorgados, en el período comprendido entre diciembre de 2023 y la actualidad, con relación a: Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio”.
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Alejandro Carrancio es una de los apuntados por la Justicia, tras recibir un crédito por 145 mil dólares de parte del BNA.
Entre las medidas ordenadas, el magistrado requirió al banco la entrega de los legajos completos de los créditos investigados, incluyendo documentación física y digital, evaluaciones crediticias, registros de ingreso de los beneficiarios y detalles sobre la compra de los inmuebles. Además, solicitó información sobre los cambios normativos implementados desde diciembre de 2023 y los mecanismos internos de aprobación de préstamos.
La causa también incluye un pedido de auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN), con el objetivo de determinar si existieron irregularidades o privilegios indebidos en la concesión de estos créditos. En paralelo, se solicitó a la Jefatura de Gabinete y a la Cámara de Diputados datos sobre los cargos y funciones de los beneficiarios involucrados.
La investigación apunta a establecer si hubo incumplimientos en la normativa financiera que permitieron el otorgamiento de préstamos en condiciones irregulares. Según el dictamen fiscal, algunos de los créditos cuestionados alcanzarían montos equivalentes a 350.000 dólares y habrían sido otorgados a personas que ya contaban con propiedades previamente declaradas.
El expediente se originó a partir de denuncias basadas en investigaciones periodísticas y datos de la Central de Deudores del sistema financiero. La Justicia busca determinar si desde la conducción del banco se otorgaron créditos hipotecarios de manera indebida, beneficiando a funcionarios públicos en perjuicio de los recursos de la entidad.
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