El Gobierno recurre a la Corte para reactivar la reforma laboral
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de dejar sin efecto la suspensión de la reforma laboral y lograr que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto.
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La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación del Estado, y busca que la Corte trate el caso sin esperar las instancias intermedias. El eje del planteo apunta a revertir la medida cautelar que frenó la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, suspendidos por un juzgado del fuero laboral a fines de marzo.
El recurso de per saltum es un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales cuando se considera que existe una situación de “gravedad institucional”. En este caso, el Gobierno sostiene que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un juez de primera instancia afecta la división de poderes y el funcionamiento del sistema institucional.
En su presentación, el Ejecutivo solicitó que se declare admisible el recurso, se suspendan los efectos del fallo cuestionado y se restituya la vigencia de la norma hasta que haya una resolución definitiva de la Corte. Además, cuestionó la competencia del juez que dictó la medida y argumentó que no existe un caso judicial concreto que justifique una suspensión de tal magnitud.
La disputa judicial se originó a partir de una acción impulsada por la CGT, que pidió la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma laboral al considerar que vulneran derechos fundamentales como la protección del trabajo, la libertad sindical y la progresividad de los derechos sociales.
El juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar y suspendió los artículos cuestionados con alcance general, al entender que su aplicación podría generar daños irreparables mientras se analiza el fondo del asunto.
De esta manera el Gobierno busca acelerar la definición judicial y evitar que la suspensión se prolongue en el tiempo a través de apelaciones en instancias inferiores. La apuesta es que la Corte Suprema intervenga rápidamente y valide la constitucionalidad de la norma, en un contexto de alta tensión política y judicial.
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