El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria por la sobrepoblación en cárceles federales
El Gobierno nacional extendió la emergencia ante el colapso que atraviesa el sistema carcelario argentino.
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La medida fue oficializada mediante la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad y reconoce que las cárceles federales funcionan por encima de su capacidad operativa.
Según datos oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 12.248 personas, mientras que la capacidad declarada es de 10.932 plazas. Esto implica una ocupación superior al 106%, en un contexto donde además miles de detenidos esperan vacantes para ser trasladados a unidades penitenciarias.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostiene que la situación responde al incremento sostenido de detenidos y a las limitaciones estructurales del sistema federal. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 personas al SPF.
El texto oficial también advierte que existen más de 5.000 detenidos esperando un lugar en cárceles federales, mientras permanecen alojados en comisarías u otras dependencias transitorias. A su vez, el Gobierno señaló que casi la mitad de los presos alojados en el sistema federal corresponden a causas ordinarias de la Ciudad de Buenos Aires, una situación que (según la administración nacional) agrava la saturación carcelaria.
La emergencia penitenciaria había sido declarada originalmente en 2019 y desde entonces fue prorrogada en varias oportunidades. El Gobierno argumentó que la continuidad de la medida permitirá avanzar con obras de infraestructura y ampliar la capacidad del sistema. Entre los proyectos mencionados aparecen la construcción del complejo penitenciario de Mercedes y la finalización del nuevo penal federal de Marcos Paz, destinado a reemplazar parcialmente al penal de Devoto.
En paralelo, el Ministerio destacó el crecimiento del sistema de vigilancia electrónica como alternativa al encarcelamiento tradicional. Actualmente, más de 1.500 personas cumplen arresto domiciliario monitoreadas con dispositivos electrónicos en todo el país.
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