El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral y ya rige en todo el país
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Modernización Laboral, una de las reformas centrales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.
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La norma fue publicada a través del Decreto 137/2026 y entró en vigencia en la madrugada de este viernes, apenas una semana después de haber sido aprobada por el Senado. 
La ley, registrada como Nº 27.802, lleva las firmas del Presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Con su promulgación, el Ejecutivo pone en marcha un conjunto de modificaciones al régimen laboral con el objetivo de modernizar la normativa vigente, reducir la litigiosidad y fomentar la creación de empleo formal, según argumentó el oficialismo. 
La iniciativa constituye uno de los cambios más amplios en materia laboral de las últimas décadas. Introduce modificaciones en varias leyes centrales, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo, la normativa de convenios colectivos y el régimen sindical. 
Entre sus objetivos se encuentran incentivar la formalización laboral, simplificar las relaciones entre empresas y trabajadores y dar mayor previsibilidad al sistema de juicios laborales. 
La reforma fue aprobada en el Senado tras un debate legislativo extenso y con mayoría ajustada, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.
El nuevo marco normativo incluye transformaciones en varios aspectos del mundo del trabajo, modificaciones en las indemnizaciones por despido (con criterios más claros para determinar los montos y reducir la discrecionalidad judicial); creación de un Fondo de Asistencia Laboral (financiado con aportes patronales, destinado a cubrir compensaciones por despido); cambios en la organización de la jornada laboral (con posibilidad de esquemas más flexibles y sistemas de compensación de horas); nuevas reglas para el derecho de huelga en servicios esenciales (que deberán mantener niveles mínimos de funcionamiento); incentivos para promover la formalización del empleo (con programas de regularización de trabajadores no registrados).
La ley también introduce cambios en el régimen de vacaciones y habilita acuerdos laborales más flexibles entre empresas y trabajadores. 
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca adaptar el marco laboral a las nuevas dinámicas productivas y reducir la informalidad, uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino.
Sin embargo, el proyecto generó fuertes críticas de sectores sindicales y de la oposición, que advierten que varias de las modificaciones implican una flexibilización de derechos laborales y una reducción de protecciones para los trabajadores. 
La aprobación y promulgación de la ley representa uno de los principales triunfos legislativos del gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión y forma parte de su estrategia de reformas estructurales orientadas a desregular la economía y promover inversiones. 
Con la entrada en vigencia de la nueva legislación, el Ejecutivo apuesta a que los cambios en el sistema laboral contribuyan a dinamizar el mercado de trabajo y acompañen el programa económico impulsado por el gobierno nacional.
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