El Gobierno prepara cambios en la Ley de Ética Pública para endurecer controles sobre funcionarios
La iniciativa busca restringir el uso político de recursos estatales y fijar sanciones más severas para quienes utilicen bienes públicos con fines partidarios.
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La Casa Rosada trabaja en un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública con el objetivo de reforzar las restricciones sobre el accionar político de funcionarios dentro de la administración estatal. La propuesta apunta especialmente a limitar el uso de oficinas, vehículos, teléfonos y otros recursos públicos para actividades partidarias o electorales.
Según trascendió, la reforma buscará establecer reglas más específicas sobre conductas que actualmente aparecen reguladas de forma general dentro de la legislación vigente. Entre los puntos en análisis figuran el uso de correos oficiales para campañas políticas, la realización de actividades partidarias durante horarios laborales y posibles presiones sobre empleados estatales para respaldar espacios políticos.
El modelo que estudia el Ejecutivo toma como referencia la denominada “Hatch Act” de Estados Unidos, una normativa que impone límites a la actividad política de empleados públicos mientras cumplen funciones oficiales. En ese esquema también se contemplan sanciones que van desde apercibimientos hasta despidos.
Dentro del oficialismo sostienen que la intención es separar con mayor claridad la función pública de la actividad partidaria y evitar que estructuras estatales sean utilizadas con fines electorales. Además, no descartan incorporar cambios sobre los organismos encargados de investigar y sancionar posibles infracciones éticas.
La eventual reforma todavía no tiene fecha de envío al Congreso, aunque forma parte de la agenda legislativa que el Gobierno analiza impulsar durante 2026 junto con otros proyectos vinculados a transparencia y reforma política.

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