El Gobierno posterga para después de las elecciones el debate por reformas clave
Confían en que aumentará su número de legisladores. Allí se avanzará con reformas laborales, impositivas, penales y civiles.
El Gobierno nacional decidió posponer el tratamiento de reformas estructurales clave, como las laborales, impositivas, penales y civiles, hasta después de las elecciones de medio término. La estrategia, liderada desde la Casa Rosada, busca esperar un Congreso más favorable para avanzar en la discusión de estos proyectos.
La decisión surge tras la finalización de las facultades delegadas a principios de julio, lo que llevó al Ejecutivo a rearmar su estrategia legislativa. Para evitar nuevos traspiés, como el ocurrido en el Senado con el aumento de jubilaciones, el Gobierno optó por mantener en suspenso dos reformas prioritarias para la administración de Javier Milei: la laboral y la impositiva.
“A partir del 11 de diciembre nuestra posición va a ser distinta”, aseguraron fuentes de Balcarce 50, confiando en obtener un mayor número de legisladores afines tras los comicios, aunque reconocen que seguirán necesitando negociar con sectores opositores y dialoguistas.
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En paralelo, el Ejecutivo ya trabaja en la preparación de estas iniciativas. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, avanza en las modificaciones laborales para tener “el terreno liso” cuando las condiciones legislativas sean propicias.
Además, el Consejo de Mayo, activado a fines de junio, aborda temas laborales en sus reuniones de agenda abierta. “Esperamos hablar de eso”, expresó un colaborador de uno de sus miembros, anticipando un nuevo encuentro el próximo lunes.
Por otro lado, el Gobierno también posterga la reforma de los Códigos Penal y Civil y Comercial. El borrador del nuevo Código Penal, a cargo del Ministerio de Justicia liderado por Mariano Cúneo Libarona, fue elaborado por una Comisión de Reforma creada en 2024, integrada por figuras como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti. El documento tipifica delitos como la venta de niños, fraudes informáticos mediante inteligencia artificial y la “pornovenganza”, además de endurecer penas por incendios y corrupción “para asegurar un sistema de justicia rápido y equitativo”, según fuentes relevadas.
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En cuanto al Código Civil y Comercial, el Ejecutivo busca desregular contratos entre privados, reducir la intervención estatal, fortalecer la propiedad privada y promover la mediación y el arbitraje como mecanismos de resolución de conflictos. Estas reformas, según la Casa Rosada, se presentarán una vez que el escenario legislativo sea más favorable tras las elecciones.
Fuente: con información de TN
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