El Gobierno lanzó la Etapa II de la Red Federal de Concesiones: licitan 1.800 km de rutas
La resolución publicada en el Boletín Oficial habilita la concesión de corredores clave sin subsidios estatales. El plan incluye la Riccheri, la Ruta 3, la Ruta 5 y la 226.
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El Gobierno nacional oficializó este jueves el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), una iniciativa que busca entregar a operadores privados la construcción, administración y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas. La medida quedó habilitada mediante la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Según precisaron fuentes oficiales, esta nueva fase marca un quiebre con el modelo anterior al eliminar completamente los subsidios estatales. El Ejecutivo sostiene que el sistema vigente era deficitario y que el esquema de concesión permitirá mejorar el estado de los corredores sin comprometer fondos públicos. Los ingresos dependerán exclusivamente de la eficiencia operativa de los concesionarios.
La Etapa II se divide en dos grandes bloques: el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur y el Tramo Pampa. El primero abarca 1.325 kilómetros, incluyendo las Rutas Nacionales 3, 205 y 226, y accesos estratégicos como la Autopista Riccheri y la Ezeiza–Cañuelas. En tanto, el Tramo Pampa comprende 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5, desde Luján hasta Santa Rosa, un corredor clave para la producción agrícola.
La iniciativa se complementa con la Etapa I de la RFC, adjudicada este miércoles, que asignó operadores para los Tramos Oriental y Conexión, sumando otros 741 kilómetros bajo gestión privada. El Gobierno busca así avanzar hacia un sistema integral de concesiones que cubra progresivamente toda la red de rutas nacionales con alto flujo logístico y turístico.
La fiscalización de los contratos quedará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El organismo seguirá siendo la autoridad de aplicación encargada de supervisar estándares de seguridad, mantenimiento y cumplimiento de obras, en un marco que redefine la relación entre el Estado y la infraestructura vial del país.
Fuente: NA
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