El Gobierno impulsa una nueva Ley de “Libertad Educativa”
El Ejecutivo presentó un borrador que habilita educación en el hogar, mayor autonomía escolar, cambios en el financiamiento y un rol central de las familias por encima del Estado.
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El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de Ley de Libertad Educativa que propone derogar la Ley de Educación Nacional que rige desde 2006 y redefinir el funcionamiento de todo el sistema obligatorio: nivel inicial, primaria y secundaria.
Impulsado por la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendell y el Ministerio de Desregulación, el texto fue presentado esta semana en el Consejo de Mayo y genera debate en todo el país.
Entre las reformas más relevantes, el proyecto habilita el home schooling (educación en el hogar) como modalidad oficial, sin edad mínima, con acreditación mediante exámenes periódicos. También incorpora el formato híbrido y la educación a distancia.
El borrador permite que cada provincia ofrezca enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Y abre la posibilidad de que cada institución diseñe planes de estudio propios, manteniendo solo un piso de “contenidos mínimos comunes”.
Además, declara la esencialidad del servicio educativo, lo que obligaría a garantizar clases aun en días de paro.
El proyecto establece un mínimo de 540 horas anuales para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, por debajo de las 760 y 900 acordadas en 2024 en el Consejo Federal. Cada escuela podrá fijar su propio calendario por fuera de ese piso horario.
La nueva ley elimina la meta histórica del 6% del PBI destinado a educación. En su lugar, establece que el Estado tendrá un rol subsidiario, apoyando solo cuando las instituciones o las familias “no puedan garantizar por sí mismas” el derecho a la educación.
El financiamiento podría distribuirse no solo entre escuelas estatales y privadas, sino también directamente a familias o estudiantes mediante becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos.
Para docentes, se mantiene la carrera de cuatro años y se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. También se introduce una evaluación obligatoria cada cuatro años, basada en desempeño, capacitación y resultados de aprendizaje.
El proyecto mantiene las pruebas Aprender, pero ahora serán anuales y censales en los últimos años de primaria y secundaria. Además, habilita la publicación de resultados por escuela, algo prohibido en la Ley de Educación actual.
Con 136 artículos, el borrador propone una transformación profunda del sistema educativo argentino, con la idea de que la familia es el agente primario de la educación y el Estado cumple un rol complementario.
Fuente: Infobae
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