El Gobierno impulsa la baja de la edad de imputabilidad y Monteoliva la calificó como “una necesidad fundamental”
En la previa al debate en le Congreso, la Ministra de Seguridad de la Nación remarcó la importancia de la Ley de Régimen Penal Juvenil.
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En la antesala del debate en el Congreso Nacional sobre la Ley de Régimen Penal Juvenil, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en una nota en Radio Rivadavia, reafirmó la posición del Gobierno de avanzar con la iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina.
La normativa vigente establece que los menores sólo pueden ser imputados penalmente a partir de los 16 años, un número que el proyecto oficial busca modificar, argumentando que está desactualizada frente a la realidad delictiva actual. Según Monteoliva, el sistema actual coloca al país “en desventaja respecto a otros de la región, donde la imputabilidad penal juvenil se sitúa entre los 12 y 14 años”.
Durante una entrevista radial, la ministra advirtió que las organizaciones criminales reclutan a menores de edad para cometer delitos y que el proyecto no sólo implica una modificación punitiva, sino también un enfoque integral para intervenir frente a esos casos. Monteoliva detalló que la iniciativa contempla penas y sanciones diferenciadas según la gravedad del delito, junto con programas de reeducación y acompañamiento socioeducativo, con el objetivo de favorecer la reinserción social y reducir la reincidencia.
“No se trata de poner a los menores en los mismos lugares de detención que los adultos, sino de dar una respuesta integral y proporcional a los hechos delictivos”, explicó la funcionaria, subrayando la importancia de contar con estrategias que combinen sanciones con mecanismos de contención y formación.
La discusión será uno de los puntos centrales del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso, donde distintos sectores debatirán el alcance de la iniciativa. En el seno del oficialismo, algunos referentes incluso plantean que la edad mínima de imputabilidad podría fijarse en 12 años, en línea con estándares de otros países de América Latina y Europa, aunque la cifra definitiva aún está sujeta a negociaciones y acuerdos entre bloques legislativos.
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