El Gobierno detectó 178.000 certificados de discapacidad activos a nombre de personas fallecidas
La detección se produjo durante el proceso de reordenamiento del organismo, intervenido luego del escándalo que derivó en la renuncia de Spagnuolo.
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El Gobierno detectó 178.000 Certificados Unicos de Discapacidad (CUD) que continúan activos a nombre de personas fallecidas, en el marco de la auditoría integral que se realiza en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo. El hallazgo surgió de un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y abrió la posibilidad de avanzar con denuncias penales contra beneficiarios y prestadores.
La detección se produjo durante el proceso de reordenamiento del organismo, intervenido luego del escándalo que derivó en la renuncia de Spagnuolo, tras la difusión de audios en los que se lo escucha hablar de un presunto circuito de cobro de coimas. Aunque el ex funcionario presentó recientemente en la Justicia un informe pericial en el que sostiene que las grabaciones fueron manipuladas mediante inteligencia artificial, la auditoría continuó y comenzó a exponer inconsistencias estructurales.
El actual interventor, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó el cruce de bases de datos y autorizó la baja inmediata de los certificados observados. Según fuentes oficiales, el próximo paso será cotejar la información de las personas fallecidas con los prestadores que declararon haber brindado servicios.
El Certificado Unico de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios. Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y, si bien no tiene un vencimiento fijo, requiere actualizaciones periódicas que actualmente se encuentran prorrogadas.
El hallazgo forma parte de una serie de irregularidades que motivaron al Poder Ejecutivo a impulsar, el pasado 28 de agosto, una auditoría integral sobre la agencia. La revisión incluye también el análisis de contratos, luego de que Spagnuolo señalara a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al armador político Eduardo “Lule” Menem por presuntos pedidos de coimas.
Los resultados finales de la auditoría aún no están cerrados y podrían ser oficializados hacia el final del primer trimestre de 2026.
Fuente: con información de DIB
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