El Gobierno denunciará a los detenidos por los incidentes en el Congreso y analiza aplicar cargos más graves
El Gobierno nacional ultima detalles de una presentación judicial contra las personas arrestadas tras los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso durante la protesta contra la reforma laboral.
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Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la acusación incluirá delitos como daños, lesiones y resistencia a la autoridad, y dejaron abierta la posibilidad de incorporar figuras penales de mayor gravedad, entre ellas la de terrorismo.
De acuerdo con datos oficiales, fueron detenidas 71 personas en el marco del operativo desplegado durante la jornada. Los enfrentamientos se produjeron mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el Ejecutivo y derivaron en escenas de violencia que incluyeron incendios, lanzamiento de objetos contundentes y bombas molotov contra las fuerzas de seguridad.
El saldo de los incidentes dejó varios policías heridos y destrozos en la zona del Congreso. Desde el Gobierno porteño estimaron que las reparaciones y la limpieza del área demandarán una cifra millonaria.
Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, en un operativo que se extendió por varias horas y que fue seguido de cerca por las autoridades nacionales.
Aunque la denuncia aún no fue formalizada, voceros oficiales señalaron que se está evaluando si los hechos pueden encuadrarse en figuras penales más severas. Algunos funcionarios calificaron públicamente los ataques como acciones organizadas destinadas a generar intimidación y desestabilización durante el debate.
La decisión final sobre la calificación jurídica dependerá del análisis de las pruebas recolectadas, entre ellas registros fílmicos y testimonios incorporados a la causa.
La Ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva informó que se están resguardando las imágenes y que ya se solicitó a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las identificaciones. “Las van a pagar”, publicó en su cuenta de la red social X.
El episodio sumó un nuevo capítulo de tensión al debate por la reforma laboral, que continúa su recorrido legislativo. Mientras el oficialismo sostiene que actuará con firmeza ante hechos de violencia, sectores opositores cuestionaron el accionar policial y advirtieron sobre posibles excesos en el uso de la fuerza.
La investigación judicial avanzará en los próximos días para determinar responsabilidades individuales y definir el alcance de las imputaciones.
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