El Gobierno de Milei cerró su primera obra social y endurece los controles en el sistema de salud
La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a la Obra Social del Personal Aduanero tras detectar graves irregularidades. Otras entidades fueron declaradas en crisis y deberán presentar planes de contingencia para evitar la liquidación.
Por primera vez desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el Estado nacional procedió al cierre de una obra social por incumplimientos. La medida alcanzó a la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), que fue eliminada del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) tras constatarse que nunca había tenido afiliados ni había prestado servicios médico-asistenciales desde su inscripción.
La decisión, oficializada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1022/2025, se enmarca en un proceso de auditorías impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), encabezada por Gabriel Oriolo. La intervención se da en medio de una política que busca depurar el sistema y eliminar los denominados “sellos de goma”, es decir, entidades que solo operaban en los papeles para recibir subsidios estatales.
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En paralelo, la SSS declaró en crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (OSPAIL), que deberá presentar un plan de contingencia para evitar correr la misma suerte que la aduanera. El viernes pasado, en cambio, se informó que la obra social de los trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut logró revertir su situación financiera crítica.
La ofensiva del Gobierno contra las irregularidades en el sistema de salud sindical ya dejó otras señales. En lo que va de la gestión libertaria se intervinieron ocho obras sociales y se declararon en crisis otras once. A fines de la semana pasada, cuatro entidades más fueron alcanzadas por esta figura: Fedecámaras, Técnicos de Fútbol, Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos y Volkswagen Argentina.
“El objetivo es ordenar el sistema y garantizar la libre competencia para que los beneficiarios elijan en libertad cómo cuidar su salud. No hay lugar para entidades irregulares”, afirmaron desde la Superintendencia.
Entre los cambios estructurales previos, se destaca la modificación en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que desde el año pasado se distribuye según el número real de afiliados, lo que redujo transferencias a entidades con menos de 5.000 beneficiarios. La eliminación de la intermediación entre obras sociales y prepagas también afectó a los gremios con estructuras más débiles.
Fuente: Infobae
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