El Gobierno consiguió dictamen del Presupuesto 2026 tras ceder fondos a provincias y derogar leyes clave
De aprobarse, sería el primer año en el que el presidente Javier Milei contaría con una pauta de gastos e ingresos sancionada por el Congreso desde su asunción.
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El Gobierno nacional logró hoy imponer en el Congreso su dictamen del proyecto de Presupuesto para el año próximo, que prevé una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%. El avance se produjo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Benegas Lynch, tras negociaciones con gobernadores dialoguistas y con dos modificaciones de último momento: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. El objetivo del oficialismo es llevar el texto al recinto mañana y convertirlo en ley antes de fin de año.
El dictamen reunió 28 firmas y habilita al Poder Ejecutivo a tratar el proyecto en una sesión clave. De aprobarse, 2026 sería el primer año en el que el presidente Javier Milei contaría con una pauta de gastos e ingresos sancionada por el Congreso desde su asunción, en diciembre de 2023.
La mayoría que permitió a La Libertad Avanza alcanzar el dictamen se conformó con votos del oficialismo, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal -espacio que representa a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)-, el bloque Elijo Catamarca, alineado con Raúl Jalil, Producción y Trabajo, que responde al sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, vinculado al tucumano Osvaldo Jaldo.
En el marco de la negociación, el Ejecutivo utilizó Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se asignan de manera discrecional a las provincias para situaciones excepcionales. En ese esquema, se destinaron 43 mil millones de pesos a Tucumán, Misiones y Chaco. Además, el Gobierno incorporó al temario el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo impulsado por las provincias mineras.
A última hora, el oficialismo incluyó en el artículo 75 del proyecto la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, normas que se encuentran vigentes pero que el Ejecutivo no ejecuta bajo el argumento de que no cuentan con partidas presupuestarias específicas. La decisión generó reclamos judiciales, uno de los cuales derivó en un fallo que obliga a aplicar la emergencia en discapacidad, aunque el Gobierno lo apeló. Si el Presupuesto se aprueba en estos términos, el ajuste sobre ambos sectores quedará ratificado por ley.
Durante el debate en comisión se presentaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria y otro del espacio Provincias Unidas. El PRO y la UCR, por su parte, expresaron una disidencia parcial, ya que habían votado a favor de las leyes que ahora se proponen derogar. El resto de los bloques de la oposición dialoguista, que también había acompañado esas normas, no formalizó objeciones.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin calificó la decisión oficial como una “falta de respeto institucional”. El dictamen de minoría de ese espacio propone garantizar el financiamiento universitario, mantener la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y asignar fondos para la emergencia pediátrica. También contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de los ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.
La disidencia presentada por el PRO incluyó, además, un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, cuyo pago fue acordado con el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un fallo judicial. No hubo, en cambio, una acción similar del peronismo para exigir la restitución de los fondos que la Nación dejó de transferir a la provincia de Buenos Aires, un monto que el gobernador Axel Kicillof estimó en unos 9 mil millones de dólares.
En cuanto al contenido central del proyecto, el Presupuesto prevé para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar en diciembre. También proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero -incluidos los intereses de la deuda- del 0,2%.
Al mismo tiempo, el texto contempla incrementos en partidas sociales muy por debajo de la inflación proyectada: un 5% en jubilaciones, un 17% en salud y un 8% en educación, y deja sin resolver el reclamo de las provincias por las cajas previsionales.
Fuente: con información de DIB
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