El Gobierno confirmó la exclusión de Aubasa en la concesión de rutas nacionales y crece la tensión con la Provincia
El Gobierno nacional ratificó la exclusión de la empresa estatal bonaerense del proceso licitatorio para la concesión de rutas nacionales, en el marco de un ambicioso plan que busca transferir la gestión de corredores viales al sector privado.
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La decisión se confirmó tras el cierre del período de impugnaciones y forma parte de la Etapa II de la denominada Red Federal de Concesiones, un esquema que apunta a modernizar más de 9.000 kilómetros de rutas estratégicas mediante inversión 100% privada.
Desde la Secretaría de Transporte precisaron que el proceso continúa con la licitación de más de 1.900 kilómetros en esta nueva etapa, divididos en dos grandes tramos, el corredor Sur Atlántico–Acceso Sur y el corredor Pampa, que incluyen rutas clave como la 3, 5, 205 y 226.
Estas vías resultan estratégicas tanto para la producción como para el turismo, especialmente en la conexión con la Costa Atlántica, lo que le da al proceso un fuerte impacto económico regional.
El modelo impulsado por la administración de Javier Milei busca que las obras y el mantenimiento queden en manos privadas, sin financiamiento estatal directo, bajo un esquema de concesiones.
Según fuentes oficiales, la salida de Aubasa responde a criterios técnicos y financieros establecidos en los pliegos de licitación. En evaluaciones previas, el Gobierno había señalado incumplimientos en esos requisitos, lo que derivó en su descalificación del proceso.
La empresa bonaerense, controlada por la provincia de Buenos Aires y actualmente a cargo de corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata, había presentado ofertas para distintos tramos incluidos en la licitación.
La decisión generó una inmediata reacción del gobierno de Axel Kicillof, que denunció irregularidades en el proceso y anticipó que avanzará con una impugnación formal.
Desde la administración bonaerense sostienen que la exclusión responde a una “decisión política” más que a cuestiones técnicas, y cuestionaron cambios en las reglas de juego durante el proceso licitatorio.
En esa línea, el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, había solicitado incluso la intervención de organismos de control para garantizar la transparencia del proceso.
La exclusión de Aubasa abre un nuevo capítulo en la disputa entre Nación y la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por diferencias en torno al rol del Estado en la obra pública.
Mientras el Gobierno nacional avanza con su estrategia de privatización y reducción del gasto, desde la Provincia cuestionan el desplazamiento de una empresa estatal con experiencia en gestión vial y advierten sobre posibles irregularidades.
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