El Gobierno confía en aprobar la reforma laboral, pero negocia cambios en las licencias médicas
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La Casa Rosada acelera las negociaciones para garantizar la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, aunque admite que el artículo 44 —referido al régimen de licencias médicas— se convirtió en el punto más sensible del proyecto.
Mientras el oficialismo busca evitar modificaciones que obliguen a devolver la iniciativa al Senado, la CGT amenaza con un paro general y la oposición dialoguista reclama precisiones.
Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, el Ejecutivo activó una ronda de contactos con aliados, radicales, referentes del PRO y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país. El objetivo es despejar dudas antes de que el texto llegue al plenario de comisiones previsto para esta semana.
El foco del conflicto es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva redacción establece que, ante accidentes o enfermedades no vinculadas a la tarea laboral, el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario —según el caso— durante un período de hasta tres o seis meses, según tenga o no personas a cargo. Actualmente, el régimen vigente garantiza el 100% del salario durante ese lapso.
Para el oficialismo, el cambio apunta a reducir el ausentismo y la litigiosidad laboral. Según el diagnóstico del Gobierno, el esquema actual genera costos elevados para las empresas y desalienta la contratación formal. También sostienen que Argentina es una excepción en la comparación internacional, donde la mayoría de los países abonan entre el 50% y el 80% del salario en situaciones similares.
Sin embargo, sindicatos y bloques opositores advierten que la reforma implica un retroceso en derechos adquiridos. Desde la CGT endurecieron su postura y anticiparon que evalúan una medida de fuerza nacional. La advertencia incluye la posibilidad de que gremios clave, como el transporte, adhieran a la protesta durante el debate parlamentario.
Ante este escenario, el Ejecutivo analiza una “diagonal” para evitar reabrir la discusión legislativa. Entre las alternativas en estudio figura un decreto reglamentario que precise los alcances del artículo 44 y garantice el pago pleno en casos de enfermedades graves, crónicas o irreversibles debidamente acreditadas. Otra opción sería una ley complementaria, aunque implicaría un nuevo trámite parlamentario.
En Diputados, el oficialismo asegura contar con los votos necesarios, pero reconoce que el margen es ajustado y que cualquier modificación obligaría a extender el proceso. La Unión Cívica Radical y el PRO acompañan en líneas generales, aunque plantean condiciones y ajustes específicos. Los bloques peronistas no kirchneristas, en tanto, analizan facilitar el quórum sin asumir un respaldo explícito.
Para el presidente Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa económico. El objetivo es reducir la informalidad —que ronda el 40%— y fomentar la creación de empleo registrado. Con el 1° de marzo como fecha de apertura de las sesiones ordinarias, el Gobierno busca llegar a esa instancia con la ley sancionada.
El debate promete ser extenso y de alta tensión política. El artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en la prueba más exigente para la capacidad de negociación del oficialismo en el Congreso.
Fuente: Infobae
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