El Gobierno acelera la reforma laboral y obligará a renegociar 150 convenios colectivos vencidos
La medida se enmarca en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y abre una nueva etapa de negociación entre empleadores y gremios.
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La administración de Javier Milei pondrá en marcha uno de los cambios más profundos de la reforma laboral al impulsar la revisión de unos 150 convenios colectivos que ya cumplieron su plazo de vigencia. El objetivo oficial es adaptar las condiciones laborales a los cambios tecnológicos y productivos de cada sector, mientras que la CGT advierte sobre una posible pérdida de derechos y una mayor flexibilización de las relaciones laborales.
La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, iniciará las convocatorias para que sindicatos y cámaras empresarias renegocien convenios colectivos alcanzados por la nueva normativa. La reglamentación de la Ley 27.802 establece que los acuerdos vencidos deberán actualizarse, especialmente en aspectos vinculados a las condiciones de trabajo y los aportes sindicales.
Desde el Gobierno sostienen que muchos convenios contienen cláusulas desactualizadas y fueron diseñados para realidades productivas muy distintas a las actuales. En ese sentido, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que existen acuerdos firmados hace décadas que requieren una revisión integral para adecuarlos a los cambios tecnológicos y organizacionales.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del principio de ultraactividad. Si bien se mantienen vigentes las cláusulas vinculadas a las condiciones laborales, aquellas relacionadas con aportes y contribuciones pactadas entre sindicatos y empleadores perderán validez una vez vencido el convenio, salvo que sean renovadas mediante una nueva negociación.
La normativa también habilita la incorporación de mecanismos de remuneración variable, conocidos como "salario dinámico", que permiten vincular parte de los ingresos de los trabajadores con factores como productividad, desempeño o resultados económicos de cada empresa. El oficialismo considera que esta herramienta puede fomentar acuerdos más flexibles y adaptados a cada actividad.
Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento de los convenios por empresa o región frente a los acuerdos generales por actividad. La ley permite que esos pactos tengan prioridad incluso cuando establezcan condiciones diferentes a las fijadas por los convenios nacionales, una medida que genera preocupación en sectores sindicales por su posible impacto en el poder de negociación de los gremios.
Además, la reglamentación facilita la creación de sindicatos de empresa al reducir los requisitos de afiliación necesarios para obtener reconocimiento legal. Según la CGT, esta modificación podría fragmentar la representación de los trabajadores y debilitar a las organizaciones sindicales tradicionales.
La reforma también prevé la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, un sistema alternativo para afrontar indemnizaciones por despido, así como nuevas herramientas para el reintegro de gastos de transporte y el acceso a créditos con descuento directo sobre el salario.
Mientras el Gobierno presenta estos cambios como un paso hacia la modernización del mercado laboral y la generación de empleo, las centrales sindicales anticipan que seguirán cuestionando aspectos clave de la reforma por considerar que implican una flexibilización de derechos adquiridos.
Fuente: Infobae
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