El fiscal Stornelli solicitó investigar la denuncia del Gobierno, pero defendió la protección de fuentes periodísticas
La acción busca esclarecer una denuncia sobre una presunta operación ilegal de inteligencia. No obstante, aclaró que “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista”.
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El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la apertura de una investigación judicial para esclarecer una denuncia del Gobierno argentino sobre una presunta operación ilegal de inteligencia. Según la acusación, se habrían grabado y difundido conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los hechos habrían ocurrido en el ámbito federal, involucrando jurisdicciones bajo competencia del Gobierno nacional.
En su dictamen, Stornelli señaló que la denuncia apunta a prácticas delictivas que incluyen la captación, edición, manipulación y difusión clandestina de audios privados. Estas acciones, según el Ejecutivo, habrían sido amplificadas a través de redes sociales y ciertos medios de prensa, algunos seleccionados intencionalmente o sorprendidos en su buena fe.
El fiscal subrayó que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que sirvan al descubrimiento de la verdad”.
La denuncia del Gobierno sostiene que el propósito de estas maniobras sería desacreditar al Ejecutivo, influir en la opinión pública, generar falsas acusaciones, alarmar a la población, desestabilizar indicadores económicos, afectar las próximas elecciones legislativas y provocar una crisis política con posible ánimo destituyente. Además, se menciona la participación de sectores de la oposición kirchnerista en una presunta campaña de desinformación.
El pedido de investigación surge tras la solicitud del abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien exigió el allanamiento del canal de streaming Carnaval, que difundió audios atribuidos a Karina Milei y Diego Spagnuolo, así como de los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio. Stornelli aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.
Fuente: con información de Infobae
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