El estado de la Justicia provincial en Mar del Plata: desidia institucional y caos edilicio
Entre el desafuero de un juez por maltratos y el desalojo de tribunales por impago, conviven gastos suntuosos con edificios en ruinas y abandono.
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Por Humberto O. Noel
La semana pasada la noticia del desafuero de un Juez que fuera integrante del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata por actitudes imposibles de imaginar por parte de un magistrado en el ejercicio de sus funciones, según sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento en el expediente SJ 680/23 - “Riva Mariano s/ Jurado de Enjuiciamiento’’, trascendió el ámbito judicial causando indignación no sólo en los vecinos de esta ciudad, sino también en distintos lugares provinciales y hasta nacionales.
Pero este hecho tapó a otro no menos escandaloso, que fue la orden de desalojo del edificio sito en Garay 1768 donde funcionan los Tribunales del Trabajo 1, 2 y 3, por falta de pago de los alquileres a cargo de la locataria, que no es otra que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La correspondiente sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°11 de la ciudad de La Plata en los autos ‘Maquez Adriana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Desalojo. El próximo paso judicial es el lanzamiento, por lo que no debería asombrarlos que cualquier día de estos al circular por la arteria nombrada nos encontremos que está ocupada por el mobiliario de dicho órgano judicial que ha sido allí arrojado.
Comenzando por el primer acontecimiento, debo decir que durante varios años, la Asociación Judicial Bonaerense denunció en distintas ocasiones al Juez finalmente destituido por maltrato del personal, al que le hizo vivir situaciones aberrantes.
Fue necesario además de la insistencia del sindicato nombrado durante todo ese tiempo, denuncias de abogados y presentaciones de justiciables ante el supremo órgano judicial de este estado, que aunque huelgue agregar, tiene una Secretaría llamada Control Judicial que cuenta con un cuerpo de inspectores, mediante el cual debería impedir que avancen situaciones como esta.
Llegado a un punto insostenible se inició el enjuiciamiento de quien para acceder al cargo que ocupó, debió someterse a un examen físico y psíquico realizado por el departamento correspondiente del poder judicial bonaerense, que esta demás decirlo, depende y debe ser contralado por la SCJBA. Y la primera pregunta que se formulan quienes conocieron a esta persona o quienes siguieron las alternativas del Jury es cómo se lo consideró capacitado psicológicamente.
Retomo ahora el desahucio citado, y con él, el caos edilicio en el que funciona la administración de justicia en nuestra ciudad.
Para ello, y dado que no se exhiben datos para su conocimiento público, se estima que se alquilan entre seis y nueve inmuebles en Mar del Plata a un costo anual que puede calcularse entre $240.000.000 y $530.000.000 habiéndose dejado de lado el anhelado y viejo proyecto de construcción de una ciudad judicial, para el que el Estado nacional donó al provincial el predio situado en la avenida Juan B. Justo entre Pehuajó y Funes mediante ley 26.673/2011, formalizándose posteriormente el acto de escrituración.
En esos lugares en los que el deterioro ha llegado a una situación calamitosa, trabajan hacinados estimativamente 1200 empleados, transitan los abogados y no tienen donde sentarse los justiciables o testigos que deben concurrir. En los depósitos de los expedientes en papel que están desapareciendo por el avance tecnológico o porque fueron comidos por la ratas, una trabajadora precisamente se contagió de leptospirosis.
Pero no es menos cierto que se compraron dos fastuosos chalets, patrimonio arquitectónico de Mar del Plata, uno en la intersección de las calles Falucho y Corrientes (Villa Devoto) donde imparte justicia la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y otro recientemente en la esquina de las calles Buenos Aires y Brown (Villa Bary) sede actual de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, imponentes ambos a la vista y orgullo de un pasado, pero que resultan ser inapropiados y carentes de funcionalidad para la finalidad, por los que se pagaron estimativamente $3.000.000.000, no habiéndose publicado detalles al respecto.
¿Cómo se ha llegado a este estado? Tal vez esta pregunta la responda lo dicho por un empleado judicial pronto a jubilarse, al puntualizar que en bastante más de 35 años de desempeño nunca presenció la visita de un ministro de la Corte, agregando que comprendía que podría resultarles engorroso por más que no lo hagan diariamente, sumarles al traslado desde sus domicilios sitos a no menos de 60 kilómetros de la ciudad de La Plata donde cuentan con adecuados despachos, venir a Mar del Plata o a cualquier ciudad cabecera de otro departamento judicial, en los autos con chofer que se les proporciona.
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