Avanza el caso del ataque escolar: “Podrían haber sido captados por personas mayores de edad"
La Justicia Federal de Mar del Plata investiga un caso inédito en el distrito que involucra a dos adolescentes, presuntamente vinculados a un plan para cometer un ataque violento contra un establecimiento educativo.
La investigación está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, conducida por la fiscal Laura Mazzaferri, y se inició tras un reporte del FBI que alertó sobre conversaciones detectadas en una red social.
Según la información oficial, en esos intercambios se mencionaba la posibilidad de realizar una “masacre” y un tiroteo en una escuela “llena de niños”, sin precisar el lugar, además de referencias a la adquisición de armas y prácticas de tiro. También se registraron mensajes de odio y expresiones discriminatorias contra distintos grupos sociales, raciales y religiosos.
Los adolescentes involucrados no habían cumplido los 16 años al momento de los hechos. Uno reside en la ciudad bonaerense de Miramar y el otro en La Quiaca, Jujuy. A partir del análisis de direcciones IP y zonas de conexión, se determinó además la posible participación de al menos una persona más, mayor de edad, e incluso de otro interlocutor que operaría desde un país de Sudamérica, situación que fue comunicada a las autoridades de ese Estado.
Los allanamientos fueron realizados por el Policía Federal Argentina, a través de su Departamento de Investigación Antiterrorista, y permitieron el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y otros soportes digitales que ahora son analizados.
Antes de los procedimientos, el 28 de enero, la fiscal Mazzaferri solicitó autorización judicial y requirió la intervención inmediata de la Asesoría de Menores, con el objetivo de garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes. El juez federal Santiago Inchausti hizo lugar al pedido y dispuso mantener las medidas bajo reserva.
En diálogo con El Marplatense, la fiscal Laura Mazzaferri explicó que una de las principales hipótesis de la investigación es que los adolescentes podrían haber sido captados por personas mayores de edad a través de procesos de radicalización progresiva.
“Es muy común que se involucre a chicos de estas edades en procesos de radicalización para la propagación de mensajes de odio o para la preparación de distintos tipos de atentados”, señaló la fiscal.
En ese sentido, remarcó que la tarea del Ministerio Público no se limita únicamente a investigar los hechos, sino también a prevenir situaciones de extrema gravedad y determinar si existe una red que esté utilizando a los jóvenes.
Mazzaferri indicó además que, en esta etapa inicial, la investigación analiza posibles delitos contra el orden público y actos discriminatorios, sin descartar otras líneas vinculadas a un eventual financiamiento de este tipo de actividades. “También es necesario profundizar si hay algún tipo de apoyo o financiamiento que permita sostener estas conductas”, explicó.
La fiscal subrayó que el objetivo central es evitar cualquier hecho violento y garantizar la protección integral de los derechos de los adolescentes involucrados. “Se trata de chicos que están por debajo de la edad de imputabilidad, por lo que la intervención apunta a interrumpir cualquier proceso de radicalización y a restituir derechos en caso de que se encuentren en una situación de vulnerabilidad”, concluyó.
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