Diputados trata la Ley de Ética Pública y Transparencia, uno de los pedidos de Kicillof
La comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados bonaerense realizará el próximo miércoles su última reunión del año para dictaminar, entre otras iniciativas, un proyecto que el gobernador Axel Kicillof reclamó ante la Asamblea Legislativa de ley de Ética Pública y Transparencia, una iniciativa que busca cubrir un vacío normativo que lleva 24 años.
En ese sentido, la comisión que encabeza la diputada de Juntos, Noelia Ruíz, está convocada para el próximo 29 de noviembre a partir de las 10 horas en la sala 7 y 8 del Anexó de la Cámara baja bonaerense.
Vale recordar, que el proyecto de ley fue reclamado por Kicillof en octubre de 2022 en el marco de la apertura del 4° Foro Provincial de Integridad, Transparencia y Ética Pública. “Tengo la certeza de que contará con la mayoría necesaria para su aprobación”, puntualizó el Gobernador bonaerense en aquella ocasión.
A principios de su gestión, Kicillof le encomendó al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, saldar esta ausencia dentro del marco reglamentario del estado provincial dado que, desde 1999, existe la Ley de Ética de la Función Pública nacional. Hasta el momento, son 11 provincias las que cuentan con su propia legislación.
Desde la creación de una Mesa de Trabajo en 2020, el Ejecutivo provincial precisó que se llevaron a cabo 130 reuniones para trabajar sobre la ley de Ética Pública y Transparencia, en las cuales participaron representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
En detalle, la ley de Ética Pública y Transparencia establece cinco puntos de acción que son la capacitación obligatoria; los principios, deberes y obligaciones rectores de la ética pública y la transparencia; el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades; la integridad en los procesos de contrataciones públicas y el régimen de obsequios para quienes desempeñan la función pública.
Según dictamina el primer artículo del proyecto, el objetivo es “regular el conjunto de principios, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, aplicables a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en todos sus niveles y jerarquías”.
“Se pretende fortalecer el rol de las instituciones públicas, desarrollando habilidades y aprendizajes que contribuyan a afianzar la confianza de la población en las mismas y alcanzar su participación activa con el fin de promover una cultura de integridad”, establece la iniciativa impulsado por el Ejecutivo bonaerense.
