Desde Mar del Plata denuncian a Estela de Carlotto por atentado al orden constitucional
El Fiscal General, Juan Manuel Pettigiani solicitó al Tribunal Oral en lo Federal de la ciudad, "investigar la posible comisión de hechos delictivos cometidos" por la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo por "incitar a la violencia".
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Juan Manuel Pettigiani, Fiscal General, solicitó ante el Tribunal oral en lo Federal de Mar del Plata investigar la posible comisión de hechos delictivos cometidos por la ciudadana Estela de Carlotto, los que habrían acontecido durante los actos de la movilización por el día de la Memoria, Verdad y Justicia, desarrollados el domingo 24 de marzo del 2024, en la Plaza de Mayo de nuestra Capital Federal.
El argumento principal refiere a “cuando Carlotto se estaba retirando de la plaza de Mayo dijo, en diálogo con C5N: ´A veces le tengo lástima [al presidente Javier Milei] porque no se debe sentir bien una persona tan inestable. ¿Estará tomando fresco en la pileta de Olivos? Hay que seguir registrando lo que se dice y hace. Uno nunca sabe de esta criatura caprichosa qué es lo que va a decir. Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido´, cerró".
En torno a ello, Pettigiani fundamente que “la citada afirmación, efectuada en el marco de una movilización multitudinaria y frente a medios masivos de comunicación, constituye una incitación a la acción violenta, incompatible con nuestra Constitución Nacional, y que resulta castigada por nuestro Código Penal”.
Asimismo, añadió que “el llamado a que el Presidente de la Nación ´se vaya rápido´ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues esta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar”.
“Estas declaraciones se vieron precedidas por la quema, en la Ciudad de La Plata, de un muñeco que representaba al Presidente Milei, lo que marcaba el contexto de violencia en el que se desarrollaron los hechos”, agregó.
Por tanto, basándose en el artículo 226 y 226 bis, Pettigiani solicita la intervención de V.S., “pues este tipo de amenazas debilitan la discusión democrática y constituyen una incitación que nuestro Código Penal pretende desalentar”.
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