Denuncian agresión policial y de la Patrulla Municipal contra un vecino de Mar del Plata
Organismos de derechos humanos presentaron una denuncia penal por un hecho ocurrido el 24 de febrero por la tarde. La víctima habría sido reducida violentamente y sufrió lesiones en la cabeza.
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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mar del Plata presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Departamento Judicial local por un presunto caso de violencia institucional ocurrido el martes 24 de febrero . Según se expuso, el hecho involucraría a agentes de la Patrulla Municipal y a un efectivo de la Policía bonaerense.
De acuerdo a la presentación judicial, la víctima regresaba a su domicilio cuando advirtió la presencia de un grupo de jóvenes en la esquina que le generó sospechas. En ese momento pasó un móvil de la Patrulla Municipal, al que solicitó que identificara a esas personas. Siempre según la denuncia, tras un intercambio verbal, descendieron cuatro agentes —tres hombres y una mujer— junto a un efectivo policial que se encontraba armado.
El escrito sostiene que, cuando la persona decidió retirarse del lugar y desistir de cualquier reclamo, habría sido interceptada por el policía, quien presuntamente la tomó del cuello y la arrojó al suelo sin mediar explicación. Como consecuencia de esa maniobra, habría perdido el conocimiento durante unos minutos y sufrido una herida sangrante en la cabeza.
Posteriormente, siempre según lo denunciado, la víctima solicitó que el efectivo se identificara, aunque este se habría negado. Tras el episodio, se retiró a su domicilio y horas más tarde debió concurrir a un centro de salud de la zona oeste de la ciudad, donde recibió atención médica, medicación y antibióticos. Actualmente presentaría dolor mandibular que le dificulta ingerir alimentos sólidos.
En la denuncia se adjuntaron fotografías y registros audiovisuales de lo ocurrido y de las lesiones. Los organismos solicitaron una investigación “exhaustiva y rigurosa”, el cumplimiento de los protocolos vigentes en casos de violencia institucional y medidas de protección para la persona afectada, ante el temor de posibles represalias. La Fiscalía deberá ahora evaluar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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