Denuciaron que el aumento de los peajes es “ilegal, abusivo, injustificado e irresponsable”
Lo hicieron desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial tras la suba autorizada por el Gobierno provincial. El ajuste alcanza entre el 7 y el 10 por ciento.
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El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su malestar ante un nuevo incremento en las tarifas de peaje autorizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El ajuste, que rige desde el 3 de enero, alcanza entre 7% y 10% y afecta a la Autopista Buenos Aires–La Plata y al Sistema Vial Integrado del Atlántico (rutas 2, 11 y conexas).
La entidad calificó el aumento como “ilegal, abusivo, injustificado e irresponsable”, y señaló que la medida se adopta sin considerar la crisis económica que atraviesan los usuarios viales y la comunidad en general. Según el comunicado, el incremento constituye “un ajuste recaudatorio” que perjudica a los usuarios y beneficia exclusivamente a la concesionaria AUBASA, a la que califican como “burocrática, innecesaria y deficitaria”.
CONADUV advirtió que el aumento impacta de manera directa en los costos de transporte y, en consecuencia, en los precios de toda la economía. Además, sostuvo que AUBASA “solo se limita a cobrar un falso peaje o impuesto al tránsito”, transformando las estaciones de cobro en “una verdadera caja política”.
La organización recordó que, desde el inicio de las concesiones viales en la provincia, y especialmente en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, se han aplicado “tarifazos escandalosos, abusivos y carentes de fundamentos técnico-económicos”, sin controles adecuados por parte del Estado.
El comunicado también cuestiona la ausencia de un Marco Regulatorio y de un Ente Regulador que incluya la participación de los usuarios viales, a pesar de los reiterados pedidos realizados por CONADUV. Señala que ni los distintos gobiernos provinciales, ni la Legislatura bonaerense, ni la Defensoría del Pueblo han atendido esta demanda.
Finalmente, el organismo reiteró que el sistema de peaje vigente es “inconstitucional” por la falta de caminos alternativos libres de pago, la doble imposición y el carácter abierto del sistema, donde algunos usuarios pagan y otros no según el tramo recorrido. También cuestionó que la recaudación se destine principalmente al costo operativo de las estaciones y de AUBASA, sin volcar recursos suficientes al mantenimiento de los caminos.
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