Crece el conflicto por las leyes de emergencia: preparan demandas judiciales
La falta de implementación de las tres leyes de emergencia, financiamiento universitario, sanitaria pediátrica y discapacidad, derivó en una escalada judicial y política.
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Universidades públicas, profesionales de la salud y organizaciones sociales anticiparon la presentación de amparos, mientras desde el Congreso advirtieron que no votarán el Presupuesto 2026 si el presidente Javier Milei no asigna los fondos correspondientes a las normas ya aprobadas.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó para este martes un plenario extraordinario en la Facultad de Derecho de la UBA para definir una acción judicial conjunta.
El encuentro, que se realizará desde las 13 en formato híbrido con la participación de todos los rectores del país, centrará el debate en la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización automática del presupuesto según la inflación, la recomposición salarial para docentes y no docentes, y la convocatoria a paritarias nacionales.
En paralelo, el Hospital Garrahan vivió una jornada de paro por 24 horas en rechazo a la decisión del Gobierno de no aplicar la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica. La norma garantiza recursos para áreas críticas como neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca, pero el decreto 760/2025 dejó su puesta en marcha supeditada a la aprobación del próximo Presupuesto.
La ley de emergencia en discapacidad fue la primera en quedar bajo la figura de “promulgación sin ejecución”, una práctica que constitucionalistas calificaron como “inexistente”.
El especialista Andrés Gil Domínguez señaló a través de X que el Decreto 681/2025 es “nulo de nulidad absoluta e insanable” y que el Ejecutivo está obligado a promulgar, publicar y aplicar las leyes aprobadas por mayoría legislativa. Además, advirtió que la decisión “lesiona derechos de las personas con discapacidad” y habilita acciones de amparo, denuncias penales por abuso de autoridad y pedidos de juicio político contra el Presidente.
En el plano político, el bloque peronista presentó un proyecto para exigir la aplicación inmediata de las tres normas. “El Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora argumentos ridículos para evadir sus obligaciones”, señaló una legisladora.
A su vez, el socialista Esteban Paulón amplió una denuncia penal contra Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Salud Mario Lugones y la titular de Capital Humano Sandra Pettovello, por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El Congreso aún mantiene pendiente la moción de censura contra Francos, dictaminada la semana pasada por sectores opositores. Si el Senado la aprueba, el jefe de Gabinete deberá abandonar su cargo por pérdida de confianza legislativa.
Fuente: TN
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