Constitucionalistas aseguraron que el fallo de la Corte por la coparticipación no afectará a las provincias
Desde el ámbito del Derecho, diferentes abogados constitucionalistas respaldaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar a una medida cautelar para devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le había quitado el actual Gobierno, al señalar que la decisión “es jurídicamente impecable” y favorece “el federalismo” del país y “la autonomía” del distrito en cuestión.
A su vez, los expertos en la materia remarcaron que las provincias no se ven afectadas ni beneficiadas por la quita o la devolución de estos fondos a la Ciudad, ya que el monto que está en disputa es el correspondiente al Estado Nacional.
Según explicó Félix Lonigro, por ejemplo, “la coparticipación federal es un sistema tributario” a partir del cual el Poder Ejecutivo “recauda impuestos que corresponden a las provincias, y luego distribuye” el monto total entre todas ellas.
“En primer lugar, la Corte no resolvió aún el fondo de la cuestión. Solo concedió una medida cautelar, es decir, a modo cautelar, se le indicó al Gobierno de la Nación que, de la quita que le hizo a la CABA, le devuelva mes a mes el 0,63 por ciento hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Aquí aún no hay sentencia, solo una cautelar”, aclaró.
Al respecto, Lonigro detalló que el proceso de distribución de este dinero se hace en dos pasos: primero “se divide el total recaudado en dos partes, una para el gobierno nacional y la otra, para las provincias”, y luego se reparte lo correspondiente a las 23 jurisdicciones del país, excluida la Ciudad.
Todo esto “está previsto en una ley del año 1988″, es decir, antes de que la Capital Federal fuera autónoma, y es por eso que este distrito “no entra en el reparto que corresponde a las provincias”, sino que “lo que recibe sale de la parte que corresponde al Gobierno Nacional”.
“Es por eso que no se entiende la queja de los gobernadores, ya que no es la parte de las provincias la que se ve afectada con la quita o devolución que el Gobierno nacional deba hacerle a la CABA”, remarcó el abogado.
Sin embargo, aclaró que la que sí va a ser perjudicada será la provincia de Buenos Aires, porque “arbitrariamente Alberto Fernández quitó fondos que por acuerdos se asignaba” a la administración porteña para dársela a la bonaerense, “lo cual no correspondía porque esta ingresa en el reparto secundario”.
“Lo que hay que hacer urgente es, dada la autonomía que la Ciudad adquirió en la reforma constitucional de 1994, actualizar la ley de Coparticipación para que la CABA, como unidad federativa igualada a las provincias, entre en el reparto secundario de la coparticipación federal de impuestos”, agregó.
De igual manera, Daniel Sabsay expresó que el fallo del máximo tribunal argentino “es muy positivo porque lo que había hecho el Gobierno era violar totalmente el carácter concertado del traspaso de funciones de la Nación a CABA en materias no federales, como lo es el coeficiente de coparticipación”.
“Yo creo que esto tiene su concatenación en otro fallo de la Corte, que fue el que le permitió (a las autoridades porteñas decidir sobre) la presencialidad en las escuelas durante la pandemia, porque lo que claramente define nuevamente la Corte es el carácter de ente federado que tiene la Ciudad y que la pone en pie de igual con el resto de las provincias”, agregó.
En este sentido, Sabsay calificó de “impecable” la resolución que tomó el tribunal y destacó que, además, el mismo trae “seguridad jurídica, ya que la medida cautelar deja recaudos para cuando se dicte sobre la cuestión de fondo”.
En sintonía con sus pares, Diego Armesto sostuvo que “esta medida cautelar vuelve a reivindicar el federalismo de concertación y reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un Estado constitucional federado, como ya lo dijo en fallos anteriores”.
“Además, la Corte lo menciona en varias partes del texto y reivindica constantemente que esta decisión no afecta a los fondos de las otras provincias, porque estamos hablando de la coparticipación, no de fondos específicos”, subrayó.
El abogado coincidió en que debería tratarse la coparticipación en el ámbito legislativa para que no vuelva a ocurrir una disputa de este estilo, ya que “lo que viene diciendo la Corte es que se incumplen” las normas que reconocen la autonomía de la Ciudad.
“No puede ser que sigamos discutiendo la coparticipación en pleno 2022. Los gobernadores, en primer lugar, y el Congreso también, alguna vez tienen que sancionar la ley establecida desde el año 1994, que es la de coparticipación federal. La solución es política, algún día tienen que asumir el rol que les da la Constitución en lugar de hacer jueguitos para la tribuna”, completó.
En tanto, Pablo Lanusse comentó que el máximo tribunal, al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Horacio Rodríguez Larreta, “una vez más, pone equilibrio frente a un manotazo del Gobierno contra la autonomía de CABA, movido por un inaceptable resentimiento en perjuicio de los porteños”.
En este sentido, señaló que, “más allá de los fuegos de artificios y bravuconadas que intenta hacer nuevamente el populismo pobrista kirchnerista, el fallo se deberá respetar y acatar sin doblez ni demora, para no caer en posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios”.
Por último, Jorge Enríquez, abogado y ex diputado nacional, se mostró en la misma línea al considerar que, si bien “es una medida cautelar”, los “argumentos esgrimidos por el alto tribunal para justificar la verosimilitud del derecho invocado por la Ciudad permiten adelantar que la cuestión de fondo será resuelta en igual sentido”.
“Lo hemos señalado también en reiteradas oportunidades, pero vale la pena enfatizarlo una vez más: la autonomía porteña refuerza el federalismo. Es absurdo que los gobernadores de provincias gobernadas por el peronismo hayan apoyado esa acción inconstitucional del Estado nacional en nombre del federalismo”, opinó.
Asimismo, coincidió con Lonigro al destacar que la Corte ya anticipó que “ninguna provincia queda afectada por esta decisión, ya que los recursos que se le habían sacado al gobierno porteño provenían de la coparticipación primaria, es decir, del Estado nacional”.
Fuente: Infobae.