Confirman procesamiento de una mujer por prostituir a tres personas
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de la regente de un prostíbulo, ubicado en las calles Bolívar y Guido, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
La procesada había captado a tres mujeres por medio de engaño y abuso de su situación de vulnerabilidad. En la causa intervino el fiscal general Daniel Adler.
La investigación se inició en el año 2013, a raíz de una denuncia anónima recibida en la línea 145 de Asistencia y Denuncia por Trata de Personas. Dos años después, se individualizó el inmueble donde las mujeres eran sometidas sexualmente y se procedió a su allanamiento. Pero la investigación dio un giro con la declaración de un testigo de identidad reservada y el aporte de documentación que hiciera otro de los declarantes, que establecieron que la imputada regenteaba el establecimiento donde las mujeres eran explotadas sexualmente.
En base a las pruebas colectadas, el juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, dispuso el procesamiento de la imputada. En su resolución, señaló que la mujer era quien regenteaba el lugar, administraba los ingresos, gastos y aplicaba “sanciones” a las víctimas sí faltaban sin aviso previo. Además se encargaba de conseguir viviendas para alquilar, aunque no figuraba en ningún contrato.
Asimismo, también aleccionaba a las víctimas respecto a cómo actuar y qué decir en caso de un allanamiento: no debían nombrarla y sí les preguntaban, eran amigas o alquilaban juntas el lugar.
Además, contarían con un abogado para que las representase sí se unían a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), de la que formaba parte la imputada y que le permitía ganar la voluntad y captar a personas en situación de vulnerabilidad, para “ofrecerles ‘trabajar’ con la prostitución de su cuerpo, bajo el formato liberal de pseudo cooperativa”.
En el dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal analizó el bien jurídico protegido por las leyes vigentes, la libertad y autodeterminación de las personas, y advirtió que si bien no se ejercía una privación de la libertad física, existía “un control constante y permanente” sobre mujeres evidentemente vulnerables en razón de su situación socio-económica y familiar. Esto las llevaba tanto a aceptar las condiciones desventajosas y control que les imponían, como a sostener un discurso impuesto en cuanto debían decir que alquilaban el local entre amigas.
