Alejandro es un caso testigo de muchos episodios similares que pasan en la ciudad, aunque en este caso con un plus que genera mayor indignación; la persona que lo estafó lo conocía hace veinte años. Fue esa confianza la que lo hizo entrar en un acuerdo, junto a su familia (tiene seis hijos), para la compra de un terreno en Acantilados, donde construyó su casa. Sin embargo, hoy se enfrenta a un potencial desalojo sobre el que quiere avanzar la mujer, quien en verdad habría usurpado esos terrenos. Una instancia dramática para una familia que se enfrenta a la posibilidad de quedar en la calle. 

Según explicó Alejandro, todo comenzó cuando, enfrentando problemas habitacionales, esta esta persona les ofreció ayuda proporcionándoles dos terrenos y una casa prefabricada. “Nosotros le veníamos pagando la casa en cuotas, ella nos había dicho que esos terrenos eran del hermano y que no se iba a hacer una sesión de derechos”, afirmó. 

Sin embargo, los problemas surgieron cuando iniciaron la construcción en el terreno, que estaba vacío. Tras un temporal, instalaron una casa prefabricada, pero pronto comenzaron los conflictos. “Me quiso echar, me dijo que el hermano quería los terrenos de nuevo, que quería volver a vivir ahí y, en un momento, se pisa y me dice que los terrenos no tenían dueño”, relató en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

Alejandro decidió investigar y descubrió que los terrenos carecían de propietario legal, ya que los dueños originales, tres hermanos, habían fallecido. “Efectivamente los terrenos no tienen dueño”, señaló, denunciando que ahora corre “peligro de quedarme en la calle” junto a sus seis hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad. Por esta razón, presentó una denuncia penal por estafa contra la mujer involucrada.

El relato de Alejandro revela más irregularidades. Según contó, la persona que les ofreció los terrenos les aseguró que se realizaría una sesión de derechos, pero luego se comprobó que los terrenos eran usurpados. “La prefabricada yo tengo las transferencias hechas que le veníamos pagando mes a mes. Cuando investigo, veo que los terrenos eran usurpados. Ella tiene los tres terrenos atrás de la casa también usurpados”, aseguró, añadiendo que esta persona ya enfrentaba otra denuncia por usurpar cuatro terrenos en la misma zona: “A mí me puso como chivo expiatorio en dos terrenos para poder quedarse con toda una manzana”.

El damnificado comentó que además esta mujer le hizo firmar un documento, que él creyó parte de un trámite legítimo, pero era parte de la estafa. “Supuestamente lo que estaba firmando era un acta municipal que se estaba edificando sin permiso y sin cartel de obra”, explicó, destacando que la confianza depositada en esta persona, a quien conocía desde hacía 20 años, lo llevó a no sospechar de sus intenciones.

Actualmente, Alejandro y su familia continúan viviendo en la casa prefabricada, pero la amenaza de desalojo es constante. “Yo no tengo dónde irme, si me desalojan a mí de ahí, yo me quedo en la calle”, expresó con angustia, detallando que incluso tomaron un crédito para seguir edificando, un esfuerzo que la denunciada conocía. Además, reveló haber recibido amenazas, por lo que colocó alarmas y cámaras de seguridad en su hogar: “Tuve amenazas de parte de ella, que tenía dos meses para irme, que si no me iban a venir y me iban a sacar”. 

La relación con la mujer, que alguna vez fue de amistad, se deterioró completamente. “Éramos amigos. Nunca te vas a imaginar que te quieren envolver en algo que al final y al cabo te das cuenta de que no tiene nada que ver”, lamentó Alejandro.

La mirada judicial

El abogado Juan Manuel Belliure, representante legal de Alejandro, señaló que el caso se originó por una serie de hechos que llevaron a la víctima a ser engañado para firmar un documento que resultó ser un comodato precario, cuando en realidad se le presentó como otro tipo de instrumento. “Esta señora utilizó el sistema de administración de justicia, específicamente el Juzgado Civil y Comercial, a los fines de haberlo hecho a él incurrir en la firma de un comodato precario, haciéndolo pasar por otro instrumento, lo cual le habilitó a ella la posibilidad de utilizar el sistema para utilizar el medio de desalojo”, explicó.

Sobre el comodato, el letrado indicó que su defendido “nunca tuvo conciencia de lo que había firmado, por lo cual tampoco se reconoció ni tuvo ninguna naturaleza de ningún contrato ni ningún negocio que las partes podrían haber tenido la intención de celebrar, todo lo contrario, la idea era otra”.

Ante esta situación, el abogado consideró pertinente presentar una denuncia por estafa en la fiscalía correspondiente. Explicó que la maniobra encuadra en la figura de estafa simple, contemplada en el artículo 132 del Código Penal, y en una figura más específica del artículo 133, inciso noveno, debido al “abuso de confianza y una calidad simulada” que caracterizan el caso. Belliure subrayó la importancia de respetar el principio de inocencia, pero afirmó que “prima facie existe una cantidad de elementos por los cuales es procedente la denuncia que se realizó”.

Además, destacó que se aportaron pruebas e información a la fiscalía para que continúe con la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar que el sistema judicial sea utilizado de manera fraudulenta.

El abogado también hizo hincapié en la dimensión social del caso, que va más allá de un simple conflicto jurídico. Según sus palabras, “existe un poco de desatención al caso concreto, porque la realidad es que no es un simple caso de un negocio jurídico, sino que hay una situación de vulnerabilidad habitacional donde hay una familia que se encontró iniciando una operación a los fines de, en esa confianza que los unía con esta persona, poder proyectar, invertir una cantidad de dinero, lo cual para su condición particular era mucho”.

Esta confianza fue, según Belliure, manipulada para “configurar una estafa quedándose con el dinero de la casa, con la inversión que se realizó, con los activos, intentando utilizar el sistema de administración de justicia en el ámbito civil para desalojar por este famoso contrato a una familia valiéndose de que el sistema está engañado”.

En cuanto al proceso de desalojo, Belliure explicó que la demandante, con el respaldo de su abogado, inició una acción basada en un contrato que incluye una cláusula que permite el desalojo tras 30 días de notificación. Sin embargo, aclaró que “ella interpone una demanda de desalojo con su abogado, a lo cual eso tiene tratamiento y sigue un proceso en un Juzgado Civil y Comercial de la ciudad”, pero el documento en cuestión “nunca nadie quiso firmar, en este negocio jurídico que nunca existió”.

Por ello, el equipo legal de la familia afectada está trabajando para reunir pruebas que demuestren la nulidad del instrumento y frenen lo que califican como una “estafa procesal”. En sus palabras, “si el sistema se vale de un instrumento que en su naturaleza está viciado, está habilitando la posibilidad de que el Poder Judicial tome medidas, en este caso el desalojo, en la condición de vulnerabilidad que tiene esta familia”.

Sobre los próximos pasos, Belliure indicó que el objetivo es “juntar una cantidad de elementos que a la fiscalía le sirvan para seguir investigando, que fue lo que se aportó y a partir de ahí insistir con el Ministerio Público Fiscal para que desaboque todas estas cuestiones, produzca esta prueba y pueda acreditar estos hechos que nosotros relatamos”.

Asesorarse, siempre

El caso de Alejandro y su familia es un ejemplo de lo que sucede en muchos barrios. En ese sentido Belliure explicó que, en su trayectoria, ha intervenido en numerosas causas relacionadas con delitos económicos y usurpaciones, áreas que suelen investigarse en las fiscalías especializadas. En particular, señaló una problemática recurrente en la zona sur de la ciudad, donde se registra una actividad creciente de venta de lotes que no pertenecen a los vendedores. “Esas personas se meten, los usurpan, constituyen boletos, cadenas de boletos falsos, o sea, enajenan sin tener acreditación de, digamos, lo que nosotros conocemos como un informe de dominio”, detalló.

El abogado enfatizó la importancia de verificar la titularidad del terreno antes de realizar cualquier transacción: el informe de dominio es un documento esencial que permite conocer a quién pertenece legalmente la parcela. “Uno le pide al Estado que le entregue un informe que diga a nombre de quién sale esa parcela, ese espacio de terreno, una nomenclatura catastral. Entonces uno tiene una trazabilidad de ese negocio que va a celebrar y sabe que el día de mañana va a tener un derecho”, explicó.

Belliure también destacó la necesidad de asegurarse de que exista un “tracto sucesivo” claro, es decir, una cadena ininterrumpida de propietarios y adquirentes que permita acreditar la legitimidad de la operación. En casos de sucesiones, por ejemplo, recomendó verificar que los herederos estén debidamente acreditados para evitar complicaciones futuras: “Si nosotros no tenemos esa trazabilidad, es decir, el que vende y el que compra o el que quiere y transmite, no vamos nunca a poder constituirnos como propietarios, por lo tal vamos a tener un derecho que no tiene mucho sentido”. 

Para el abogado, la clave está en la prevención y el asesoramiento profesional. “La cuestión de la seguridad jurídica, sobre todo, está dada en la prevención a la hora de estudiar el negocio. Las personas tienen que pedir informe de dominio, índice de titularidad, verificar con qué personas están celebrando sus actos, y bueno, por supuesto tomar los recaudos”, subrayó.

Además, insistió en la importancia de recurrir a un escribano o un abogado especializado, ya que un buen asesoramiento puede evitar problemas significativos: “Siempre hay que asesorarse. Hay caminos cortos que son largos y hay caminos largos que son cortos. Un buen asesoramiento puede ahorrar mucho dinero y muchos problemas”.

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El Marplatense

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