Condena de 20 años para un hombre por explotación y abuso reiterado
Un tribunal federal de Mar del Plata impuso una pena de 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos exparejas y por el abuso sexual reiterado de una adolescente, en un fallo con medidas inéditas para la jurisdicción.
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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata dictó una condena de 20 años de prisión contra Christian Gilberto Bustos por explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres, agravada por la convivencia con ellas y el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, y por abuso sexual con acceso carnal reiterado de una adolescente desde que era niña. Los jueces que integraron el tribunal fueron Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli.
El fallo incluyó medidas de reparación inéditas en la Justicia Federal de Mar del Plata: además de la pena de cárcel, se ordenó la restitución de una vivienda en Playa Serena a favor de dos de las víctimas y la entrega del dinero secuestrado en la investigación a la tercera. También se establecieron compensaciones económicas por el daño material y moral sufrido por las afectadas.
El tribunal revocó de forma provisoria la prisión domiciliaria que el condenado tenía al momento del juicio y ordenó su inmediato traslado a la delegación local de la Policía Federal Argentina, a la espera de una evaluación médica para determinar si su capacidad visual le permite cumplir la pena en una unidad carcelaria federal.
Durante el debate, la fiscalía representada por Carlos Fioriti y la Defensoría Pública de Víctimas sostuvieron la acusación que incluyó la explotación de las exparejas de Bustos y el abuso reiterado de la adolescente, quien era hija de una de las víctimas. La sentencia, cuyos fundamentos se darán a conocer próximamente, también dispuso el secuestro y decomiso de vehículos vinculados a la causa, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución representa un avance en la protección de víctimas de explotación sexual y abuso en la región y establece un precedente en la aplicación de medidas de restitución directa de bienes a quienes sufrieron estos delitos.

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