Colegios privados respaldaron la decisión del Gobierno: “Se deja atrás una estructura obsoleta”
Desde a Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), valoraron la medida como un avance hacia un sistema más flexible, transparente y moderno.
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Los colegios privados manifestaron su apoyo a la decisión del Gobierno Nacional de dejar sin efecto el Decreto 2417/1993, una medida que —según indicaron— “genera condiciones de mayor flexibilidad para las escuelas de gestión privada sin aporte estatal en todo el país”.
En la misma línea, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) consideró que la derogación del decreto representa “un paso importante hacia la modernización del régimen aplicable a las instituciones privadas”, el cual había quedado “desfasado e insostenible frente a la realidad económica y educativa actual”.
Durante más de tres décadas, la normativa ahora derogada imponía procedimientos burocráticos excesivos que obligaban a los establecimientos a anticipar sus aranceles sin posibilidad de ajustarlos según la evolución de los costos, lo que generaba incertidumbre tanto para las instituciones como para las familias.
Desde los colegios privados y AIEPA explicaron que, si bien las escuelas sin aporte estatal podían definir los aumentos entre un ciclo lectivo y otro, la obligación de informar los valores con demasiada antelación las llevaba a incorporar márgenes preventivos para cubrir posibles variaciones futuras. La eliminación de esa exigencia, remarcaron, beneficiará directamente a las familias, ya que permitirá establecer aranceles más realistas, transparentes y acordes al contexto económico.
“El nuevo esquema no implica aumentos abruptos ni desproporcionados”, aclararon, destacando que la medida restablece el equilibrio natural que impone la competencia entre instituciones educativas y facilita una gestión más flexible y previsible.
Tanto AIEPA como los representantes del sector privado celebraron también la eliminación de sistemas de información burocráticos que “no aportaban beneficios concretos ni a las familias ni a las escuelas privadas” y que, en la práctica, “solo sumaban carga administrativa sin mejorar la calidad educativa”.
Finalmente, destacaron que esta decisión “restaura la agilidad, la previsibilidad y el sentido original de la gestión educativa privada”, orientando los esfuerzos hacia lo verdaderamente esencial: la formación y el bienestar de los estudiantes.
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