Colegios especiales manifiestan estar al borde del colapso por desfinanciamiento
A través de un comunicado expresaron su profunda preocupación por los retrasos en la actualización de aranceles. Apoyan un proyecto de ley de Emergencia para el sector.
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Los colegios de gestión privada que atienden a alumnos con discapacidades expresaron su profunda preocupación por los retrasos en la actualización de aranceles y apoyan un proyecto de ley de Emergencia para el sector, impulsado en el Congreso de la Nación.
Este problema, que afecta a instituciones de todo el país, pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para niños y jóvenes con discapacidad. La situación se agudizó desde diciembre pasado, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles.
La Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que representa a más de un centenar de servicios educativos, advirtió que el desfinanciamiento no es un mero conflicto presupuestario, sino una amenaza directa a los derechos de los estudiantes.
“Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, afirmó la entidad. Las escuelas enfrentan un desfase de más del 70% entre los aranceles percibidos y la inflación acumulada, lo que genera ingresos congelados frente a costos crecientes.
Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, explicó: “La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios”. Según Giorgi, los salarios docentes y otros gastos esenciales se actualizan, pero los ingresos de las instituciones no, lo que las lleva al borde del colapso. A esto se suma la demora en los pagos de la Superintendencia de Servicios de Salud, que puede tardar hasta 90 días, afectando el pago de sueldos, servicios e insumos básicos.
El impacto no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes dependen de apoyos como maestros integradores, fonoaudiólogos y psicopedagogos, cuyos servicios están en riesgo por la falta de actualización de honorarios y condiciones laborales. “Sin una mejora urgente, estos profesionales no pueden sostener su tarea, y los chicos quedan desprotegidos dentro del sistema educativo regular”, señaló Giorgi.
En La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal de Portal del Sol, una institución con 30 años de trayectoria, describió la situación como una emergencia que desarticula la red de protección de derechos. “Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”, afirmó. Su escuela, que ofrece jornada extendida y comedor, enfrenta aumentos en salarios, servicios y alimentos con cuotas congeladas, lo que pone en riesgo su continuidad.
Desde Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, destacó que las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos, con pagos que llegan a demorarse hasta 120 días. “Una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga $12.370, pero las familias enfrentan un sistema insostenible, con autorizaciones que tardan meses y pagos aún más demorados”, cuestionó. Sequeira pidió fortalecer el rol de ANDIS para garantizar un funcionamiento más ágil y justo.
AIEPA subraya que, sin una solución estructural, el cierre de escuelas especiales y la pérdida de puestos de trabajo son riesgos inminentes. “Si la ley no avanza, las instituciones seguirán con cuotas congeladas, sin poder afrontar los costos. Se agravará el riesgo de cierre, dejando sin atención a miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, advirtió Giorgi. La entidad reclama una acción inmediata para proteger los derechos de una de las poblaciones más vulnerables y garantizar una educación inclusiva y de calidad.
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