CNU: piden prisión para todos los imputados
Los representantes del Ministerio Público solicitaron prisión perpetua para seis, y nueve, cuatro y medio y tres años para los tres restantes. A todos se los acusa de integrar una asociación ilícita, enmascarada en la Concentración Nacional Universitaria y conformada para cometer delitos, bajo protección estatal y con el entonces fiscal Gustavo Demarchi como jefe. Algunos son acusados también por ocho crímenes que tenían la misma marca.
Luego de escucharse a 125 testigos, incorporar otras declaraciones por lectura, analizar nutrida documentación que va desde recortes periodísticos de la época hasta informes de inteligencia, el Ministerio Público Fiscal –representado por los fiscales Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Eugenia Montero- desarrolló su alegato durante tres jornadas, que concluyó con los pedidos de pena para todos los imputados del juicio en el que se juzga el accionar de un grupo violento que secuestró y asesinó en la antesala del último golpe cívico militar, organizados en la Concentración Nacional Universitaria.
“Los crímenes que llegaron a juicio 41 años después de cometidos, no tuvieron justicia porque fueron ocultados por la justicia”, señaló Adler al abrir el alegato. “Este juicio es una especie de ratificación de un Nunca Más de la violencia política paraestatal y paramilitar en las democracias debilitadas”, añadió luego. A continuación, el fiscal general aclaró que no se buscaba castigar a nadie por su pensamiento ni que se trata de una discusión política. “No se acusa a una organización política sino a la asociación ilícita que conformaron bajo la máscara del sello CNU, para cometer delitos”, apuntó.
Más adelante sostuvo que es obligación del MPF investigar la violencia paraestatal, y desestimó los argumentos de algunas defensas que señalan que se trata de “una causa armada”. “¿Esto es una causa armada, señores jueces?”, interrogó señalando una diapositiva que se veía en pantalla y mostraba los cuerpos acribillados de las víctimas. Y a esto sumó la intención de las defensas y el imputado Demarchi de desacreditar a jueces y fiscales, y las denuncias y demandas que recayeron sobre los testigos. “Los hechos hablan por sí solos y ha sido tanto el dolor y la necesidad de justicia contenido durante cuarenta años que no han podido frenar el descubrimiento de la verdad”, remarcó Adler.
Los pedidos de pena
A todos se los acusa de haber sido miembros de una asociación ilícita, entendida como un acuerdo implícito de voluntades para delinquir y poner en riesgo la tranquilidad de la población. En concreto, se pidió para Gustavo Modesto Demarchi la pena de prisión perpetua, como jefe y organizador de esa asociación ilícita y coautor de los homicidios conocidos como "el 5x1", que tuvo como víctimas a Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorque Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, y la privación ilegítima de la libertad y posterior asesinato de María del Carmen Maggi. La misma pena se requirió para Mario Ernesto Durquet, acusado además de ser coautor de la asociación ilícita, por los homicidios del 5x1, de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, y de Maggi, previo secuestro violento.
A Juan Pedro Asaro se le requirió también prisión perpetua por la privación ilegítima de la libertad de Maggi y su posterior homicidio; mientras que a Raúl Rogelio Moleón –quien siguió la instancia de alegatos por videoconferencia desde Marcos Paz- se lo acusa de ser coautor de los homicidios de la noche del 5x1, al igual que a Raúl Arturo Viglizzo.
En tanto para Fernando Alberto Otero se requirió la pena de prisión perpetua, pero no se lo acusó por la asociación ilícita –más allá de que pudo integrarla- porque ya pesa sobre él una condena por el crimen del diputado Ramón Rojas en San Juan, donde un grupo de miembros CNU acudieron para matarlo. A Otero se lo acusa de haber participado de todos los homicidios juzgados en el juicio.
Quienes no llegaron al debate oral y público acusados por los crímenes son José Luis Granel, Juan Carlos Asaro y Roberto Alejandro Justel, para quienes se solicitaron penas de nueve años, cuatro años y seis meses y 3 años, respectivamente, por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita.
Antes del petitorio, Mazzaferri fundamentó por qué la aplicación de las penas solicitadas no violan las pautas de extradición concedida por Colombia, luego de que Demarchi se diera a la fuga a aquel país, donde finalmente fue detenido. "Todo lo contrario: no avanzar en este sentido implicaría incurrir en responsabilidad internacional de no cooperar en este tipo de crímenes que, por la garantía de impunidad otorgada por el Estado y el Pre Cóndor, son mucho mas difíciles de perseguir, y precisamente por ello requieren, como lo estipula el Tratado de Roma, un esfuerzo conjunto de las naciones comprometidas con el derecho internacional de los Derechos Humanos".
Sobre el final del alegato del MPF, Adler nombró una a una a las víctimas de esta asociación ilícita, enmascarada en la CNU. Nombró a quienes fueron asesinados y asesinadas, pero también a 25 testigos del juicio que debieron irse de Mar del Plata y el país para no correr la misma suerte –muchos de los cuales estaban sentados allí entre el público-; a 12 personas que fueron detenidas en 1975 o los primeros años de la dictadura, y otras siete que sufrieron persecuciones y hostigamientos, incluido el Obispo de entonces, Monseñor Pironio. La emoción inundó la sala de audiencias. Tras la lectura del petitorio de la Fiscalía, el fiscal general concluyó: “Este juicio ha honrado la memoria y ha surgido la verdad. Señores jueces, es la hora de la Justicia”.
