Causa YPF: “Representa un golpe financiero a la estabilidad de nuestro país”
Por estas horas la Justicia de Estados Unidos tiene que decidir el futuro de las acciones que tiene Argentina en su poder. “Acarrea consecuencias absolutamente graves para todos los argentinos”, dijo la abogada Cynthia Castro.
La Justicia norteamericana define por estas horas si Argentina tiene que entregar el 51% de las acciones que tiene en la petrolera YPF. Para la abogada Cynthia Castro, especialista en el tema, las implicancias del caso son graves, ya que “va a representar no solamente un golpe político a este Gobierno, sino también un duro golpe económico”.
Castro explicó que el caso se dirime en una corte extranjera, porque “los accionistas minoritarios que están requiriendo las acciones que se expropiaron en el 2012 son extranjeros, YPF cotiza en bolsa y la bolsa está en Nueva York”. Y recordó que el reclamo es genuino porque a la hora de la expropiación “se saltearon lo que indicaba el estatuto de YPF, que fue aprobado cuando la empresa fue privatizada”.
En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, la abogada destacó en ese sentido que el estatuto incluía una cláusula que establecía que “frente a la toma de control del 51% se debía realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas minoritarios, adquiriendo sus acciones en las mismas condiciones que se ofrecían al accionista mayoritario, que en ese momento era la petrolera española Repsol”.
Al respecto, Castro clarificó la duda que surge al pensar qué prevalece, si el estatuto o la ley de expropiación. Y si bien la expropiación se realizó por los canales normativos constitucionales válidos en este momento y se le pagó a Repsol como decían la Constitución y la ley de expropiación, sin embargo “al momento de la expropiación no solamente estaba Repsol y no se podía obviar un estatuto de una firma, porque uno no puede violar las relaciones contractuales que existen”.
La letrada señaló que “el Estado argentino negoció y pagó una compensación” a Repsol, que tenía la mayoría, pero “no extendió esa oferta a los demás accionistas”. Por lo tanto, esto fue interpretado por los demandantes como “un incumplimiento de contrato porque la cláusula estaba regida por la ley del Estado de Nueva York”, lo que permitió iniciar acciones judiciales en tribunales estadounidenses.
Castro enfatizó que los fundamentos de los accionistas minoritarios se basan en “la violación de los términos estatutarios”, ya que la operación “modificó absolutamente el control de la compañía”. Bajo su óptica si bien “teníamos que recuperar la soberanía”, el problema es que no se podía “olvidar esto que acarrea consecuencias absolutamente graves para todos los argentinos: representa un golpe financiero a la estabilidad de nuestro país”.
Al respecto, la abogada advirtió que las implicancias del caso son graves, ya que “va a representar no solamente un golpe político a este gobierno, sino también un duro golpe económico”. Y que “el plan que tiene el presidente de usar YPF y el desarrollo de Vaca Muerta como palanca de estabilización económica se va a derrumbar porque vamos a dejar de tener la soberanía del 51% sobre YPF”.
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