Casación reabre la causa por represión a jubilados frente al Congreso y aparta a jueces
El tribunal consideró arbitrario el cierre del caso y ordenó investigar a todos los responsables, con nuevas medidas de prueba en un contexto de cuestionamientos sobre libertades públicas.
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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la causa por la represión a jubilados durante una marcha frente al Congreso, dispuso investigar a todos los responsables por las lesiones ocasionadas y apartó a los jueces que habían intervenido en el expediente.
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, integrada por Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, quienes hicieron lugar al recurso presentado por la querella encabezada por Adolfo Pérez Esquivel y patrocinada por María del Carmen Verdú.
En su resolución, el tribunal consideró arbitrario el archivo de la causa impulsado por el fiscal Eduardo Taiano, y fundamentó su decisión en registros audiovisuales que evidenciarían el accionar de las fuerzas de seguridad contra manifestantes jubilados que no ofrecían resistencia.
El juez Slokar sostuvo que el operativo, en lugar de garantizar derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión, operó como un obstáculo injustificado para su ejercicio. Además, advirtió sobre la existencia de un “paradigma de combate” en el accionar de las fuerzas de seguridad.
En ese sentido, alertó que la violencia estatal sobre sectores vulnerables puede generar un “efecto desaliento” en la participación ciudadana y afectar el debate público, con impacto en el sistema democrático.
El fallo también cita estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, que obligan a los Estados a investigar hechos de violencia contra manifestantes pacíficos y evitar situaciones de impunidad.
Por su parte, Ledesma adhirió al voto de Slokar y cuestionó la actuación del fiscal de origen, mientras que Yacobucci votó en disidencia al considerar inadmisible el recurso.
La resolución dejó sin efecto el archivo de la causa, apartó a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, y ordenó avanzar con nuevas medidas de prueba.
Desde el tribunal señalaron que la falta de control judicial frente a eventuales excesos represivos puede deteriorar el sistema democrático y desalentar la participación ciudadana.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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