Buscan eximir de Ingresos Brutos al transporte de personas con discapacidad en la Provincia
La iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense propone incorporar una exención impositiva en el Código Fiscal para un servicio clave, en un contexto de crisis del sector y falta de regulación específica.
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Ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone eximir del pago de Ingresos Brutos al servicio de transporte automotor de personas con discapacidad, mediante la incorporación de un nuevo inciso en el artículo 207 del Código Fiscal (Ley 10.397), con el objetivo de aliviar la situación del sector y garantizar la continuidad del servicio.
La iniciativa establece que quedarán exentos los ingresos provenientes exclusivamente de la prestación de este tipo de transporte, en una actividad considerada esencial y amparada tanto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como por la Ley Nacional 24.901, que reconoce el derecho al traslado.
Según se detalla en los fundamentos, actualmente los transportistas de personas con discapacidad en la provincia carecen de un marco jurídico específico, lo que genera una situación de vulnerabilidad tanto para los trabajadores como para quienes dependen del servicio. La actividad incluye traslados a terapias, tratamientos médicos, centros educativos, talleres protegidos y hogares, y se sostiene en vínculos cotidianos de confianza con las familias.
El proyecto de la diputada Margarita Recalde subraya que se trata de una tarea con un fuerte componente social, que contribuye a eliminar barreras de acceso y promover la inclusión. En ese sentido, plantea que es responsabilidad del Estado implementar políticas que favorezcan el desarrollo y la integración de las personas con discapacidad.
Asimismo, advierte que desde 2024 el sector atraviesa un contexto crítico, marcado por recortes presupuestarios, medidas administrativas adversas y un deterioro general en las condiciones de prestación, lo que impacta directamente en la calidad de vida de usuarios, familias y trabajadores.
En ese marco, la exención impositiva aparece como una herramienta para sostener la actividad, permitiendo afrontar costos operativos y garantizar la continuidad de un servicio indispensable. “Es una actividad económica, pero fundamentalmente cumple un rol profundamente social”, se destaca en el texto.
La autora del proyecto solicita el acompañamiento legislativo al considerar que la medida contribuye a proteger derechos fundamentales y a fortalecer una política pública clave en materia de inclusión.
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