Avanza una reforma para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros
El oficialismo impulsa cambios en la normativa vigente para atraer inversiones y eliminar límites que hoy restringen el acceso al mercado rural.
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El Gobierno nacional busca modificar el régimen que regula la adquisición de tierras rurales con el objetivo de permitir una mayor participación de inversores del exterior. La iniciativa apunta a eliminar restricciones que actualmente condicionan este tipo de operaciones.
La normativa vigente establece topes claros: los extranjeros no pueden superar el 15% de la superficie rural total del país ni de cada provincia, además de existir límites por nacionalidad y por cantidad de hectáreas en zonas productivas.
La propuesta oficial pretende avanzar sobre esas limitaciones, bajo el argumento de que representan un obstáculo para el ingreso de capitales y el desarrollo del sector agropecuario. En ese sentido, desde el Ejecutivo consideran que una mayor apertura podría dinamizar el mercado inmobiliario rural y fomentar inversiones.
El tema forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas que el Gobierno planea impulsar en el Congreso durante este año, donde también se incluyen cambios en otras leyes vinculadas a la producción y los recursos naturales.
Sin embargo, la iniciativa genera debate. Mientras algunos sectores respaldan la flexibilización por su potencial impacto económico, otros advierten sobre los riesgos de avanzar hacia una mayor extranjerización de tierras, especialmente en áreas estratégicas con recursos hídricos o cercanas a zonas de frontera.
En este contexto, la discusión promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda legislativa, con posiciones enfrentadas sobre el equilibrio entre atraer inversiones y resguardar el control sobre el territorio.
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