Avance del sector privado en las playas: “La situación es peor que en años anteriores”
Un relevamiento de Mirada Ciudadana y Surfrider advierte que las concesiones incumplen los contratos y reducen el espacio público de playa hasta un 11% en marea alta.
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Las organizaciones socioambientales Mirada Ciudadana y Surfrider presentaron en Mar del Plata un informe titulado Otro avasallamiento del espacio público, elaborado a partir de un relevamiento técnico que analiza el impacto de las concesiones privadas sobre las playas durante la marea alta en Playa Grande, Punta Mogotes y el sector sur del Faro. Para el presidente de Surfrider Argentina, Gustavo Huici, la situación es “peor” que en años anteriores.
El estudio presentado expone el incumplimiento sistemático de los pliegos de bases y condiciones vigentes. Según las entidades, la combinación entre la dinámica natural de las mareas y la instalación de estructuras de sombra fija genera una exclusión casi total del uso público en distintos tramos de la costa.
En diálogo con El Marplatense, Huici indicó que “Mar del Plata debería tener una visión de la ciudad que queremos, preservar nuestras costas dando un salto tecnológico para proteger las playas de la erosión manteniendo su perfil natural y aumentando sus amenidades”.
Según el informe, en Playa Grande los contratos establecen que debe garantizarse un 30% de sector público. Sin embargo, en marea alta ese espacio se reduce al 16%. Además, se detectó una nueva irregularidad: la colocación de sombrillas de alquiler dentro del área que debería ser de libre acceso.
En Punta Mogotes, la situación resulta aún más crítica. Aunque el pliego exige un 25% de espacio público, el relevamiento indica que durante la marea alta solo queda disponible un 11% de playa libre para los usuarios. Y en el sector sur del Faro, la ocupación por sombra fija alcanza el 100% en marea alta, lo que impide incluso el tránsito peatonal paralelo a la costa y anula por completo el espacio público de uso común.
Huici sumó además ejemplos como el de Punta Cantera II “donde sin ningún tipo de declaración de impacto ambiental se ocupó con bungalows un espacio público en un accidente geográfico emblemático de Mar del Plata con servicios que duplican los de la ciudad”. Y si bien parece un pedido al que las autoridades hacen oídos sordos, para el ambientalista “el reclamo más efectivo en los tiempos que corren es la voz de la comunidad y la Justicia”.
Otro de los datos centrales del informe que presentaron los organismos es la fuerte desigualdad en la densidad de uso del suelo. En un día testigo con 26 grados en Playa Grande, cada persona dispone de apenas 2,55 metros cuadrados en el sector público, mientras que en el sector privado cuenta con 37 metros cuadrados. Esto implica que la concentración de personas es 15 veces mayor en el área pública que en la privada, generando sobrecarga y una experiencia de uso deficiente para quienes no pueden pagar por sombra.
Las organizaciones también cuestionaron la rentabilidad social y económica del sistema de concesiones, señalando que lo recaudado no alcanza para cubrir los gastos operativos del Ente Municipal de Turismo y Cultura. A la vez que indicaron que el modelo de sombra fija resulta irracional frente a la naturaleza cambiante del mar y perjudica la competitividad de Mar del Plata frente a destinos internacionales donde el acceso a la playa es libre.
En este contexto, Huici apeló a “cambiar la ecuación aumentando los sectores públicos, disminuyendo la cantidad de carpas y sombrillas de los concesionarios que deberían aumentar los precios y mantener sus ingresos totales, y retirar todo el cemento de la arena”.
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