Aval judicial al protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich
El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto una decisión previa que lo había suspendido. El protocolo regula manifestaciones y prioriza la libre circulación.
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia del denominado “protocolo antipiquetes”, al revocar una resolución previa que lo había suspendido, y avaló así la herramienta diseñada durante la gestión de Patricia Bullrich para ordenar la protesta social, aplicada desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, integrantes de la Sala II, quienes dejaron sin efecto la decisión del juez Martín Cormick, que en diciembre había declarado la nulidad del protocolo al considerar que excedía las competencias del Ministerio de Seguridad.
En su resolución, los camaristas rechazaron ese planteo y sostuvieron: “Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”.
En la misma línea, remarcaron la importancia de garantizar la libre circulación al señalar que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.
El protocolo, establecido mediante la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, tiene como uno de sus ejes centrales evitar cortes de calles durante manifestaciones, lo que generó debates en torno al equilibrio entre el derecho a la protesta y la circulación.
Tras conocerse el fallo, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la decisión: “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”.
Desde su implementación, los cortes de calles disminuyeron de manera significativa, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan la medida y la vinculan con una política restrictiva sobre la protesta social.
Fuente: con información de DIB
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