Argentina solicitó a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro para indagatoria por crímenes de lesa humanidad
La Justicia federal argentina dio este miércoles un nuevo paso de alto impacto internacional al solicitar formalmente la extradición del líder del régimen venezolano, con el objetivo de que sea trasladado a Argentina y preste declaración indagatoria en el marco de una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad.
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La iniciativa fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, quien libró un exhorto internacional a las autoridades de Washington tras conocerse que Maduro estaría detenido en territorio estadounidense luego de su captura en Venezuela el pasado mes de enero.
La causa argentina se basa en una investigación abierta que indaga violaciones sistemáticas a los derechos humanos y graves crímenes cometidos en Venezuela, respaldada en el principio de jurisdicción universal que permite a los tribunales argentinos procesar delitos internacionales sin importar dónde ocurrieron.
El pedido de extradición fue impulsado por el fiscal federal Carlos Stornelli junto con abogados querellantes que representan a víctimas del régimen chavista, quienes sostienen que existen elementos probatorios suficientes para avanzar con la medida. Además, sobre Maduro pesa una orden de captura internacional vigente en Argentina emitida en 2024, que ahora los tribunales buscan hacer efectiva a través del procedimiento de cooperación judicial internacional.
La Cámara Federal porteña ya había ordenado días atrás al juez Ramos que resuelva el pedido de extradición, considerando que estaban dadas las condiciones procesales para avanzar en el trámite.
La decisión judicial se produce en un contexto en el que Maduro enfrenta también procesos en los Estados Unidos por cargos que incluyen narcotráfico, y subraya la cooperación entre jurisdicciones internacionales para perseguir delitos graves contra la humanidad.
La medida marcará un capítulo clave en la causa si el gobierno de EE. UU. acepta formalmente la solicitud, lo que podría abrir un proceso judicial inédito en el país sudamericano contra uno de los líderes políticos más controvertidos de la región.
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