Alertan que se registra una “situación de extrema gravedad” en residencias geriátricas en Mar del Plata
Acción Marplatense solicitó explicaciones respecto a los últimos hechos vinculados a la muerte y el maltrato de personas mayores.
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A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Ejecutivo local que brinde diversas explicaciones sobre el seguimiento y prevención en residencias geriátricas y establecimientos de cuidado para personas mayores en el distrito de General Pueyrredon.
En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde AM se denunció “la situación de extrema gravedad registrada en residencias geriátricas del Partido de General Pueyrredon durante el corriente mes, vinculada a hechos de violencia institucional y a un incendio fatal con víctimas, que tomaron estado público y generaron una profunda conmoción social”.
En ese sentido, se recordó que "la ciudad de Mar del Plata presenta una estructura demográfica particularmente envejecida, registrando —según el Censo Nacional 2022— que más del 21% de su población tiene 60 años o más, circunstancia que impone al Estado municipal una responsabilidad reforzada en materia de políticas públicas de cuidado, control, prevención y protección de derechos de las personas mayores”.
“Dicha realidad demográfica exige un Estado municipal activo, presente y articulado, no solo en la planificación de políticas de envejecimiento activo, sino especialmente en el seguimiento, fiscalización y control preventivo de los dispositivos de cuidado destinados a personas mayores, muchas de las cuales se encuentran en situación de dependencia física, cognitiva o social”, añadió.
A su vez, se destacó que “durante el mes en curso se hicieron públicos al menos dos hechos de extrema gravedad ocurridos en residencias geriátricas del Partido de General Pueyrredon, uno vinculado a violencia física institucional contra una persona mayor con diagnóstico de Alzheimer, y otro a un incendio fatal que provocó el fallecimiento de tres personas mayores y la evacuación de decenas de residentes”.
Y se puntualizó que “el día 9 de diciembre del corriente año, en la residencia geriátrica denominada Posada Punta Mogotes, ubicada en la calle General Pacheco Nº 2105, un hombre de 89 años fue víctima de violencia física tras negarse a ingerir una medicación, sufriendo lesiones de consideración y una fractura que motivaron su hospitalización y posterior retiro del establecimiento para resguardar su integridad personal, encontrándose el hecho actualmente judicializado”
“Asimismo, el incendio ocurrido en la residencia geriátrica “Sagrada Familia” derivó en la muerte de tres mujeres mayores y la evacuación de treinta y ocho personas, encontrándose la causa bajo investigación judicial por presunto homicidio culposo y lesiones culposas”, se detalló.
Para el pultismo, “estos episodios no pueden ser analizados como hechos aislados o excepcionales, sino como posibles manifestaciones de una problemática estructural vinculada a deficiencias en los mecanismos de control, supervisión, seguimiento y prevención en establecimientos destinados al cuidado de personas mayores”.
“En la Provincia de Buenos Aires el funcionamiento de los establecimientos geriátricos se encuentra regulado por la Ley Nº 14.263 y el Decreto Nº 1.190/2012, que fijan estándares mínimos de atención, seguridad, infraestructura y mecanismos de inspección, sin que ello exonere al Estado municipal de sus competencias concurrentes en materia de habilitación comercial, control edilicio, seguridad, prevención de riesgos y recepción de denuncias. El Municipio no puede asumirse como un actor pasivo o meramente accesorio frente a situaciones de riesgo que afectan a personas mayores, siendo su deber actuar de manera preventiva, coordinada y eficaz, especialmente cuando se trata de riesgos previsibles, conocidos y normativamente regulados”, se afirmó.
“La eventual inacción, demora o insuficiencia en los controles puede configurar supuestos de violencia institucional por omisión, cuando el Estado, conociendo o debiendo conocer situaciones de riesgo, no adopta medidas razonables para prevenir daños graves. La ausencia de información pública clara, accesible y actualizada sobre habilitaciones, inspecciones, denuncias y actuaciones municipales en relación con residencias geriátricas debilita los principios de publicidad de los actos de gobierno, control democrático y acceso a la información pública”, finaliza el texto.
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