Abogado denunciado por estafas: Teper "sigue trabajando gracias a las chicanas procesales que le permite la ley"
Carlos Gabriel Teper irá a juicio por estafas reiteradas por inducir al cliente en error al quedarse con el dinero de hipotecas como parte de sus honorarios.
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Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del juicio oral contra el abogado Carlos Gabriel Teper, acusado de estafas reiteradas a un grupo de personas que enfrentaban una deuda por créditos hipotecarios.
A pesar de que aún no se definió la fecha, la incertidumbre y expectativas son altas. Maximiliano Orsini, representante de las víctimas, relató en diálogo con El Marplatense cómo fueron los inicios de la causa: “Esta gente eran deudores hipotecarios que se contactaron con Teper a través de una ONG que supuestamente luchaba por sus derechos”.
Los casos contemplan hechos que se remontan del 2005 al 2013, aproximadamente. En ese tiempo “Teper era parte de los asesores jurídicos de esa ONG. Él le manifestaba a los clientes que podía quitar las hipotecas directamente, suprimirlas o pelearlas para pagar mucho menos de lo que estaban ejecutando”.
Para ello, “les pedía un dinero para cancelar las hipotecas, pero les extendía recibos en los cuales en algunos ponía capital, en otros -la mayor cantidad de recibos-, a cuenta de honorarios”, continuó.
Entonces, “¿Cuál era el tema? Que si tenías una deuda de 40 mil dólares era imposible que los honorarios cobrados fuesen 30 mil, era algo desproporcionado. Esa era la mecánica y la modalidad que utilizaba en todos los casos. Ante esto, ¿Qué era lo que pasaba? En realidad, lo que él estaba haciendo era suspender las ejecuciones hipotecarias con decretos del Poder Ejecutivo de emergencia, que en esos años se dictaban y de esa forma suspendían las ejecuciones hipotecarias por un tiempo determinado”, explicó.
De modo que “cuando el decreto caía y ya dejaba de tener efectividad, empezaba a presentar escritos para chicanear el proceso hasta que en un momento el juicio ejecutivo continuaba y seguían los trámites pertinentes para ir hacia una subasta. Entonces ahí ya no tenía ninguna excusa, no sabía qué decir. Y ahí comenzaron las denuncias. Ahí la gente se dio cuenta que la realidad era que el dinero que había pagado se lo había quedado él en concepto de honorarios. Y los capitales por hipoteca eran los mismos, nunca habían variado”, argumentó.
Por este motivo, Carlos Gabriel Teper hoy está acusado de “estafas reiteradas por inducir al cliente en error, pensando que ellos pagaban algo que no”. Esta causa que llega a juicio después de tantos años, tiene además una carga emotiva: “Hay víctimas que ya no están. Muchas han fallecido, otras han perdido sus casas”.
“Otra, en un caso que tengo yo, el caso de María Rosa Duarte, tuvo que enajenar la mitad de su lote para poder pagar la hipoteca y se quedó con uno solo. Tenía trescientos cincuenta metros y le quedaron ochenta metros. Tuvo que pagar la hipoteca dos veces, la primera a Teper, la segunda se la pagó al banco. Otro señor, que es Carlos Sánchez, en idéntica forma, le pagó en ese momento alrededor de 30 mil pesos, estamos hablando del año 2012, en efectivo, están los recibos. Y después tuvo que pagar la hipoteca al la entidad bancaria, nuevamente con todos los intereses respectivos”, ejemplificó.
Hoy las víctimas se encuentran “muy mal. Y se indignan cada vez más por el hecho de que este señor, en la última audiencia que tuvimos, ordenatoria desde el punto de vista probatorio, hizo un ofrecimiento de un millón de pesos para cada víctima. Directamente les tomó el pelo”, declaró.
Otro agravante es que Teper “sigue ejerciendo porque siempre estuvo apelando todas las resoluciones, ha llegado hasta la Corte, y de esa forma lo que hace es asegurar su impunidad. Sigue trabajando gracias a las chicanas procesales que le permite la ley, es decir, sigue apelando para que las resoluciones no queden firmes y no se pueden ejecutar. Él fue condenado a dos años, pero todavía no adquirió firmeza. Bien, lo que buscan las apelaciones justamente es la prescripción”, denunció.
Por todo esto, “las víctimas lo que quieren es que sea condenado a una pena de cumplimiento efectivo por la gravedad de los hechos y del imputado, es decir, porque es una figura agravada por su calidad de profesional de la abogacía. La figura tiene una pena de 1 a 6 años de prisión”, concluyó.
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